Inseguridad, violencia y negación
Santiago López Acosta
Al inicio de las campañas electorales se hizo notar claramente el principal problema que afecta y preocupa a la sociedad en su conjunto, y por supuesto a los ciudadanos que tienen la capacidad y posibilidad de votar, y por ende participar en la definición del futuro inmediato del país y de las regiones donde habrá también elecciones de ejecutivos locales, sin menoscabo de los órganos legislativos con responsabilidades en materia de seguridad pública.
Las candidatas y el candidato presidencial esbozaron las líneas generales de su propuesta en la materia, destacando los medios la iniciativa de Xóchitl Gálvez de construir una mega cárcel para los delincuentes de mayor peligrosidad, ahora distribuidos en diferentes reclusorios, entre otras.
“Actuaremos con toda la fuerza y la capacidad del Estado”, ninguna concesión ni cortesía al crimen organizado. Se acabaron los abrazos para los delincuentes. Toda la empatía y fuerza del Estado para atender las demandas de justicia de las víctimas, vamos a construir un nuevo sistema nacional de seguridad en el cual se discutan, analicen, aprueben y evalúen las estrategias, vamos a propiciar la colaboración entre la federación, estados, municipios y las organizaciones de sociedad civil. No más abandono a la obligación de enfrentar al crimen, construiremos treinta y dos equipos policiales de reacción. La fuerza de los criminales ya no será mayor a la de las autoridades”, resumida en su eslogan de campaña “Por un México sin miedo”.
Claudia Sheinbaum propone la continuidad de la política “abrazos no balazos” más algunas iniciativas de su exjefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch.
Sobre el tema llamo poderosamente la atención el llamado que hizo la Iglesia Católica a través del Conferencia del Episcopado Mexicano para la firma del Compromiso por la Paz, al candidato y candidatas presidenciales. El documento tiene su origen en El Diálogo Nacional por la Paz, que se organizó como un movimiento social, sumando capacidades profesionales y académicas a las experiencias y conocimientos de miles de personas que sufren diversas violencias en México. Un documento elaborado con toda la seriedad que el problema amerita.
Sin embargo, la candidata del oficialismo en lugar de aceptar la cruda realidad de violencia crónica y descomposición institucional que se vive en el país reiteró la banalidad que ha caracterizado al gobierno de López Obrador. La candidata de Morena firmó, pero dijo que no está de acuerdo en “la evaluación pesimista del momento actual”.
Es notorio su rechazo a los datos sobre incidencia delictiva, pasando por alto el conjunto de manipulaciones y opacidades que ensombrecen los recuentos estadísticos, buscando seguir con la ilusión de que la situación está bajo control, la cual tal vez, puede ser útil para los intereses partidistas, pero no para generar confianza y alcanzar resultados.
Datos duros del propio gobierno federal, como los más de 181 mil homicidios dolosos hasta la fecha, lo convierten en el sexenio más sangriento de la historia, cuyas cifras son muy superiores a países en conflictos bélicos.
Además, se le pueden agregar otros, aportados por organizaciones como “Causa en Común”, que tan solo en 2023 registraron 1,789 casos de tortura, 935 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 645 descuartizamientos, 447 masacres y 297 hallazgos de fosas clandestinas. Otros datos del mismo gobierno muestran también un aumento en el número de secuestros, asaltos en carreteras y extorsiones.
El afán de hacer pasar como exitosa una estrategia inútil para pacificar al país es además de cuestionable, sumamente irresponsable y como discurso, propuesta y programa de campaña, puede resultar hasta suicida.
Supongo que la candidata y sus operadores saben, que no hay estrategia política más peligrosa que negarse a reconocer lo que sucede. La desconexión entre la narrativa política del gobierno federal, su candidata y la vida cotidiana de la población, sujeta a la realidad diaria de atrocidades y dolor, hijos que faltan, cuerpos destazados, comunidades desplazadas y víctimas desamparadas, es terrible e inexplicable. No está mal que se promueva el optimismo, pero pretender que eso sustituya a la realidad es un despropósito.
También negó el evidente proceso de militarización y el desmantelamiento de las estructuras de la administración encargadas de la seguridad pública y la subordinación al poder de las fuerzas armadas, que hoy tiene control de la seguridad, las comunicaciones y la energía en el país.
No reconocer el enorme protagonismo, los recursos públicos que se les han puesto a su disposición y la fortaleza política que les ha otorgado el gobierno federal a las fuerzas armadas, con todos los riesgos que ello conlleva, es apostar a seguir cogobernado con las mismas y tal vez consolidar un régimen cuasi militar. Eso y un constituir un régimen autoritario, prácticamente dictatorial, solo faltaría dar unos cuantos pasos.
Con declaraciones, afirmaciones y muchas conferencias de prensa con contenidos vacíos que no se ajustan a la verdad no cambian la realidad que casi todos vemos y padecemos.
La tradicional toma de distancia del candidato respecto del presidente en turno, practica usual en el viejo régimen autoritario priista del siglo pasado, tan añorado por el actual gobierno, no se ve que aplicaría en el presente proceso sucesorio.
La actitud política de negar la realidad, además de la incapacidad para el diálogo y hacer oídos sordos ante la crítica, como lo ha hecho el gobierno federal y los gobiernos locales de Morena, trasladado a sus ahora candidatos(a)s en el proceso comicial, les puede afectar electoralmente. La factura puede resultarles muy cara el próximo dos de junio.
