Universidad secuestrada

Santiago López Acosta

Nuevamente en viernes por la tarde se pretende consumar el atraco más grande que ha sufrido la Universidad de Guanajuato, hasta donde tengo información, en toda su historia, con el que se pretende culminar el proceso de designación de la persona que ocupe la rectoría general para el periodo 2023-2027.

decíamos en junio pasado que también un viernes por la tarde, el pasado 26 de mayo, el Consejo General Universitario (CGU) aprobó la convocatoria para el proceso referido, casi al término de los periodos escolares, buscando evidentemente que pasara lo más desapercibido posible para la comunidad universitaria y para la sociedad en general.

Señalamos el control total del proceso del rector saliente Luis Felipe Guerrero Agripino, al presidir la Comisión Especial para el caso y el CGU, mismas que tuvo que dejar por la solicitud de tres de los aspirantes, nada menos que los rectores de los tres campus que representan más del 90% de la totalidad de la Universidad, por considerar parcial su participación, sin embargo, esto no dejo de ocurrir al designar incondicionales en su lugar.

Con sobresaltos el proceso continuo, siendo de los más lamentables y bochornosos el señalamiento que hizo el director del Colegio del Nivel Medio Superior, un impresentable en labores porriles, acusando de plagio en partes del proyecto de desarrollo a una aspirante, la Dra. Teresita Rendon Huerta Barrera, una profesora investigadora de prestigio nacional e internacional, con una trayectoria intachable en su vida personal, familiar, académica y profesional. Ella por supuesto que se defendió, presentando denuncias penales, administrativas y ante Derechos Humanos.

Con todo y ese intento de desprestigiar a la contendiente con las mejores cartas académicas y profesionales, y la más temida por el oficialismo universitario, los cinco aspirantes llegaron a la instancia definitoria, la Junta Directiva (JD) de la Universidad. Este órgano lanzó su convocatoria también, en un apretado fin de semana, de jueves a domingo de la semana anterior, para presentar cartas de apoyo u objeciones, así como para solicitar comparecencias ante la misma.

La JD, integrada por once miembros, ocho internos y tres externos, desahogaron el procedimiento recibiendo y escuchando las comparecencias de los cinco aspirantes el viernes pasado y, tendrían que haber realizado lo que estaban obligados por los artículos 28, 29 y 31 del Reglamento de la propia JD, que en general dicen lo siguiente: auscultar a la comunidad universitaria y a la sociedad acerca de los candidatos propuestos, a fin de recabar información respecto de asuntos académicos, administrativos, económicos y de cualquier otra índole que considere necesarios, para decidir de la manera más acertada y fundada posible.

Nuevamente en viernes por la tarde se pretende consumar el atraco más grande que ha sufrido la Universidad de Guanajuato, hasta donde tengo información, en toda su historia, con el que se pretende culminar el proceso de designación de la persona que ocupe la rectoría general para el periodo 2023-2027.

decíamos en junio pasado que también un viernes por la tarde, el pasado 26 de mayo, el Consejo General Universitario (CGU) aprobó la convocatoria para el proceso referido, casi al término de los periodos escolares, buscando evidentemente que pasara lo más desapercibido posible para la comunidad universitaria y para la sociedad en general.

Señalamos el control total del proceso del rector saliente Luis Felipe Guerrero Agripino, al presidir la Comisión Especial para el caso y el CGU, mismas que tuvo que dejar por la solicitud de tres de los aspirantes, nada menos que los rectores de los tres campus que representan más del 90% de la totalidad de la Universidad, por considerar parcial su participación, sin embargo, esto no dejo de ocurrir al designar incondicionales en su lugar.

Con sobresaltos el proceso continuo, siendo de los más lamentables y bochornosos el señalamiento que hizo el director del Colegio del Nivel Medio Superior, un impresentable en labores porriles, acusando de plagio en partes del proyecto de desarrollo a una aspirante, la Dra. Teresita Rendon Huerta Barrera, una profesora investigadora de prestigio nacional e internacional, con una trayectoria intachable en su vida personal, familiar, académica y profesional. Ella por supuesto que se defendió, presentando denuncias penales, administrativas y ante Derechos Humanos.

Con todo y ese intento de desprestigiar a la contendiente con las mejores cartas académicas y profesionales, y la más temida por el oficialismo universitario, los cinco aspirantes llegaron a la instancia definitoria, la Junta Directiva (JD) de la Universidad. Este órgano lanzó su convocatoria también, en un apretado fin de semana, de jueves a domingo de la semana anterior, para presentar cartas de apoyo u objeciones, así como para solicitar comparecencias ante la misma.

La JD, integrada por once miembros, ocho internos y tres externos, desahogaron el procedimiento recibiendo y escuchando las comparecencias de los cinco aspirantes el viernes pasado y, tendrían que haber realizado lo que estaban obligados por los artículos 28, 29 y 31 del Reglamento de la propia JD, que en general dicen lo siguiente: auscultar a la comunidad universitaria y a la sociedad acerca de los candidatos propuestos, a fin de recabar información respecto de asuntos académicos, administrativos, económicos y de cualquier otra índole que considere necesarios, para decidir de la manera más acertada y fundada posible.

Además de analizar los proyectos de desarrollo y su pertinencia frente a los retos de la Universidad, así como la trayectoria, liderazgo, capacidad de conducción y valores de cada candidato, con actividades previas a la entrevista con la JD.
A realizar la evaluación sobre el conocimiento de la realidad institucional de los candidatos, la JD podrá propiciar los mecanismos de vinculación institucional en las instancias universitarias a fin de obtener la información que resulte necesaria.

Durante la transmisión de la sesión de la JD, evidentemente controlada, no se observó que se hayan realizado las actividades descritas, estando obligados, previamente a la votación para la designación, por lo que parece claro que existen omisiones y deficiencias de fondo de una enorme trascendencia, que pueden echar abajo la designación efectuada. Es altamente probable que, efectuado toda esa valoración objetiva, la designada no hubiera alcanzado tal distinción.

Además de que en todo órgano colegiado se tiene que deliberar, debatir, contrastar posiciones, argumentar, motivar y justificar una decisión de tal trascendencia para la Universidad; y tampoco advertimos nada de eso. Mas bien parecía que les urgía concluir el procedimiento designando a la preferida del rector saliente los más rápido posible, a través de una votación unánime, que tampoco sabemos cómo se procesó y alcanzo, y por supuesto no salió de generación espontánea, y todo indica que fue la consigna que recibieron y la cumplieron de forma por demás disciplinada.

Es una pena que las once personas que integran la JD, con un prestigio personal, académico y profesional ganado durante su vida, lo tiren literalmente, tal vez hasta su dignidad, a cambio de unas cuantas prebendas, beneficios y canonjías otorgadas por la actual administración universitaria, permitiendo que Guerrero Agripino mantenga el control y prácticamente secuestre a la Universidad por cuatro años más, a través de su designada. Además de penoso, es triste y lamentable.

Sin embargo este periplo todavía no termina, están abiertos dos frentes para evitar que el desastre en que ha convertido a la Universidad Agripino se prolongue, uno es el jurídico, por el cumulo de ilegalidades que se han cometido, y prácticamente cualquier ciudadano guanajuatense, además de los integrantes de la comunidad universitaria y por supuesto los participantes en el proceso, directamente afectados, pueden impugnar, a través de recursos administrativos y/o mediante el juicio de amparo, con muy altas posibilidades de éxito.

Por otra parte, también cabe la posibilidad de la movilización social y estudiantil, como sucedió en 2019, cuando ocurrió un feminicidio pesimamente afrontado por las autoridades universitarias, que de no haber sido por la pandemia de COVID 19, que suspendió todas las actividades presenciales, las consecuencias para aquellas, probablemente ya no estarían donde están. Mas allá de solicitar votar para elegir autoridades universitarias, como lo ha hecho un grupo de estudiantes, demanda que se puede analizar y debatir más adelante, en la Universidad y el Congreso del Estado, lo que está en juego en este momento es evitar el secuestro de la Universidad por un personaje y su grupo. Se anuncio un paro general y otras acciones para este lunes 11 de septiembre.

Los próximos días y semanas serán determinantes para la Universidad, estaremos atentos.