Sucesión en la Universidad de Guanajuato

Santiago López Acosta

De manera abrupta el Consejo General Universitario de la Universidad de Guanajuato aprobó el pasado 26 de mayo la integración de la Comisión Especial para substanciar el proceso de designación de la persona titular de la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato para el periodo 2023-2027 y casi simultáneamente la convocatoria para el proceso de designación correspondiente, aun y cuando se esperaba desde hace meses por la comunidad universitaria.

Lo primero que llama la atención es que el proceso se desarrollara casi al término del semestre, cuatrimestres y demás programas académicos, unos días previos a las vacaciones de verano, donde se suspenden prácticamente todas las actividades y los estudiantes, en su mayoría, regresan a sus lugares de origen, tal parece con la intención de inhibir la participación.

En forma inédita el Rector General en funciones presidirá esa Comisión, hecho que no ha ocurrido en los procesos de designación anteriores, y para ello el 30 de agosto de 2021 se reformaron diversos artículos del Estatuto Orgánico, entre ellos el 49, que ahora dice: “la presidencia de las comisiones estará a cargo de la autoridad ejecutiva del órgano colegiado de gobierno que las constituyó, pudiendo su titular delegarla en la persona que a su juicio resulte idónea para ese cometido”.

No se necesita mucha ciencia y el gran análisis para determinar que esa reforma fue con todo el propósito y dedicatoria personal para el proceso que comentamos, para que el titular de la Rectoría General tenga el control de este, pues preside la Comisión Especial y el Consejo General Universitario; hubiera sido un exceso, pero poco falto para promover que presidiera también la Junta Directiva, que son los tres órganos involucrados en el proceso de designación de su sucesor o sucesora.

Tal parece que al Dr. Luis Felipe Guerrero Agrípeno no le parecen suficientes los 8 años que estuvo como Rector del Campus Guanajuato y otros tantos como Rector General, y ante la imposibilidad legal y normativa de continuar en algún cargo directivo de ese nivel en la Universidad, tiene el control del proceso para su relevo, para quien sabe que propósitos, no siendo suficiente que gozara de una pensión vitalicia con su actual sueldo y prestaciones, y aquí surgen todo tipo de especulaciones.

Los días 15 y 16 de junio se realizarán los registros de los interesados(a)s en participar, anunciándose el de la Rectora del Campus Guanajuato, la Dra. Teresita Rendon Huerta Barrera, además de los Rectores de los Campus León e Irapuato-Salamanca y de la Directora de la División de Ciencias Económico- administrativas del Campus Guanajuato, el Dr. Carlos Hidalgo, el Dr. Armando Gallegos y la Dra. Claudia Susana Gómez, respectivamente, y quizá surja algún otro u otra que no se ha mencionado hasta el momento.

Otro dato que no se justifica es que la Comisión Especial tendrá del 17 de junio al 27 de julio para verificar en los documentos presentados por los aspirantes y en la información institucional disponible, que los mismos reúnen los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad, esto es, para ser Rector o Rectora General. Casi mes y medio para revisar algunos documentos e información institucional es por supuesto excesivo, al menos que lo que se busque sean otras cosas. Como diría el “divo de Juárez” “pero que necesidad”, y en este caso generar suspicacias. Ya que esa Comisión presentara su dictamen hasta el 28 de julio, sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de las personas aspirantes registradas para ser consideradas candidatas y presentarlo al Consejo General Universitario, quien lo analizara y en su caso aprobara.

Mientras no tengan el carácter de candidatas, calidad que otorga el Consejo General Universitario, las personas aspirantes estarán prácticamente “atados de pies y manos”. Es absurdo y contradictorio que el tiempo excesivo que se le otorga a la Comisión Especial para dictaminar, se les limite a las aspirantes, y eventuales candidatas, para difundir su proyecto y perfil hacia la comunidad universitaria y la sociedad en general, principalmente de la entidad.

Otro inconveniente que observo es que se quiera limitar la consulta y participación solo a la comunidad universitaria, esto es, el personal académico, los estudiantes y los trabajadores administrativos de la institución exclusivamente, y cerrar, parece que deliberadamente, el proceso hacia la sociedad guanajuatense. Sin embargo, y aunque no se diga en la Convocatoria, es un derecho que tiene cualquier persona, grupo, sector o institución externa a la Universidad, de manifestarse y pronunciarse dentro del proceso de designación que nos ocupa. No puede ser de otra manera, tratándose de la principal Universidad Pública del Estado de Guanajuato, que existe y vive de recursos públicos y se debe y sirve a la sociedad, principalmente de la entidad, pero también del país.

Un hecho bochornoso se dio la semana pasada, cuando el Rector General, acompañado por decenas de funcionarios, empleados, alguno maestros y estudiantes, irrumpió en las instalaciones centrales del periódico Correo en la capital del Estado para exigir el derecho de réplica, por las publicaciones que ha hecho este medio, de rankings internacionales donde la Universidad de Guanajuato no sale bien librada, por el contrario, se advierten retrocesos los últimos años en diversos rubros de medición.

Es inexplicable los motivos o propósitos de esta acción, que al parecer le resultaron contraproducentes al Rector General, al manifestarse una condena generalizada, de una petición que se pudo haber hecho por las vías institucionales, hasta por correo electrónico, contando la Universidad con amplios medios institucionales para su difusión. Mismos que también puede utilizar para desmentir o contrastar las informaciones con las que no está de acuerdo de lo publicado en el medio de comunicación.

Este hecho abona negativamente a un proceso de designación de Rector o Rectora que no empezó bien, por el contrario, ha provocado sospechas y suspicacias, que ojalá puedan ser disipadas, la Universidad de Guanajuato no lo merece, es una institución muy importante, que debemos proteger y hacer respetar todos los universitarios y guanajuatenses. Seguiremos observando y analizando este proceso.