Se retoma la defensa de la democracia el próximo 18 de febrero

Santiago López Acosta

Recordemos que el 13 de noviembre de 2022 se dio un hecho inédito en el país, cuando convocados por más 50 organizaciones de la sociedad civil, en 60 ciudades del país, en EE. UU. y España, se realizaron movilizaciones para defender al INE del intento de reforma constitucional que buscaba sustituirlo, además de modificar sustancialmente el sistema electoral, que se construyó a lo largo de más de tres décadas. Esa movilización ciudadana obligo a los partidos de oposición a reagruparse para impedirlo. El oficialismo respondió con su llamado Plan B, donde a través de reformas a 6 leyes secundarias buscaron el mismo propósito, con claras violaciones a la Constitución.

Esto provocó la movilización del 26 de febrero de 2023, para pedirle a la Corte que no se deje presionar y defienda el respeto a la Constitución, echando abajo esa pretensión al resolver las acciones y controversias constitucionales contra las leyes aprobadas por el Congreso.

Del 13 de noviembre al 26 de febrero, los datos numéricos se duplicaron, pues fueron más de 120 las organizaciones convocantes y se efectuaron manifestaciones en más de 110 ciudades en todo el país, además de en 10 de los EE. UU., en España, Francia, Canadá, Gran Bretaña, Portugal, Costa Rica y en otros países. El número de participantes se incrementó al doble de la anterior, reportándose por encima del millón.

Mas allá de los números, que son importantes, lo más relevante a destacar es la conciencia y responsabilidad ciudadana, que no se ha dejado amedrentar, ni manipular por el gobierno y los partidos políticos. Por más que se le quiera poner etiquetas, del signo que sea, fue muy evidente la naturaleza ciudadana de las movilizaciones, que se reconoce con un papel protagónico en el presente y en los próximos tiempos, más allá de gobiernos y partidos.

La intención de las concentraciones fue ofrecer mensajes al Congreso de la Unión y a la Corte, para evitar reformas constitucionales (en su momento conocidas como Plan A) y para declarar la inconstitucionalidad de reformas legales aprobadas (que se denominó Plan B), respectivamente, haciendo sentir una presión social sin precedentes.

Fueron movilizaciones y concentraciones pacíficas, respetuosas, sin afectar a nadie ni nada material, con la participación de segmentos sociales muy diversos, sin responder a provocaciones, que no faltaron, con el acompañamiento, a prudente distancia, de dirigentes y militantes de diversos partidos políticos, que en ningún momento buscaron algún tipo de protagonismo; atendiendo las peticiones en ese sentido de las organizaciones de la sociedad civil convocantes.

Las marchas del 13-N y las concentraciones del 26-F se convirtieron en un parteaguas en el último tramo del sexenio y un referente obligado en el proceso sucesorio de 2024, prematuramente iniciado por el oficialismo y continuado por el principal frente opositor, y un llamado de atención para todos los actores políticos, de que hay una ciudadanía actuante, exigente, demandante y participativa, que no se deja manipular ni engañar.

El 13-N y el 26-F marcaron el resurgimiento de una parte muy importante de la sociedad civil mexicana, la más informada y critica que, a pesar de amenazas, insultos y diatribas, salieron a la calle para defender la democracia y el voto libre, en forma civilizada, como debe ser en una democracia que se precie como tal.

Después de casi un año de la segunda, hace unos días se anunció una tercera movilización para el próximo 18 de febrero y las reacciones de los actores políticos no pudieron ser más anticlimáticas, desde el oficialismo denunciando el presidente de Morena que se trata de actos anticipados de campaña de la oposición y porque el único orador publicitado, el exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdova es un actor de la misma, cuando éste ha señalado hasta el cansancio que regresaría a su actividad académica en la UNAM, como lo ha hecho.

Por su parte, la oposición aglutinada en el Frente Fuerza y Corazón por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, al dar a conocer las listas de candidaturas plurinominales al Senado y a la Cámara de Diputados federal, repitieron lo mismo de siempre, de incluir solo a las dirigencias de los partidos y figuras políticas con influencia en las mismas, excluyendo a personajes que serían representativos de las organizaciones de la sociedad civil. La virtual candidata del frente opositor, que se asume surgida de la sociedad civil, señaló que esto se corregirá en las candidaturas por el principio de mayoría, ya veremos si le hacen caso los partidos que la respaldan.

Tal parece que no han entendido los mensajes de la sociedad, los partidos políticos siguen en las mismas prácticas de siempre, como si todo estuviera igual, pero hay demasiadas evidencias de que eso no es así.

Del oficialismo es difícil que lo asimilen, pero la oposición debería atender esas voces, antes que sus propias prioridades, y tomar en cuenta las propuestas e iniciativas de la sociedad civil, y considerar perfiles ciudadanos para las candidaturas en el actual proceso electoral.

El gobierno, su partido y aliados tampoco deberían de dejar de ver este clamor ciudadano. Ignorar, menospreciar o considerarlos opositores a priori, como lo hemos visto, les puede resultar muy costoso, política y electoralmente.

Con más de setenta ciudades confirmadas, a tres semanas de las manifestaciones y movilizaciones del próximo 18 de febrero, en defensa de la democracia, todo parece indicar que superara a las dos anteriores, en todos los aspectos a considerar. Si ni así lo quieren ver, tal vez no tengan remedio.