Sanciona la Secretaría de la Función Pública a 13 empresas por habérseles comprobado actos de corrupción
CDMX 18 de julio de 2023.- De 2021 a 2023 la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso sanciones e inhabilitó a 13 empresas por habérseles comprobado actos de corrupción.
Al informar lo anterior el titular de la dependencia, Roberto Salcedo Aquino, dio a conocer que de 2021 a 2023, en el sector Salud, en los procedimientos de contratación de los servicios de laboratorio clínico y banco de sangre han participado 158 empresas, de las cuales 121 resultaron contratadas, 89 y 32, respectivamente.
De ellas, se ha detectado que 19 han incurrido en actos de colusión, principalmente en contrataciones anteriores a la actual administración, al haber realizado acuerdos para repartirse ilícitamente las partidas de licitaciones, por lo que se han impuesto sanciones a 13 de esos proveedores y de las restantes hay 23 expedientes de investigación en curso.
Al participar en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario Salcedo Aquino precisó que las sanciones consistieron en 24 inhabilitaciones de entre uno y siete años para participar en contrataciones públicas. Las multas suman un monto de mil 953 millones de pesos.
De las 24 sanciones por inhabilitación y multa, ocho se encuentran firmes y 16 están en revisión por parte de los juzgadores, debido a que las empresas, en uso de sus derechos, han interpuesto diversos medios de defensa, como son amparos y recursos para impedir que las sanciones cobren plena vigencia, lo que les permite continuar participando en los procedimientos de contratación.
Expuso que la SFP revisa la situación de los licitantes para prevenir alguna simulación, debido a que se tienen dudas sobre algunas empresas que, presuntamente, para eludir las sanciones, utilizan filiales o el cambio de su razón social para poder seguir participando en contrataciones públicas.
Está en estudio un proyecto de reforma legislativa para que sea posible identificar de manera eficaz y eficiente a los beneficiarios finales de las empresas, a fin de evaluar y evitar la elusión de las sanciones.
