Prudencia, pertinencia y responsabilidad universitaria

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Santiago López Acosta

Nunca en mi vida me he puesto a dar consejos y recomendaciones a nadie, y mucho menos si no me son pedidos, pero ahora me atreveré a compartir algunas respetuosas sugerencias por la situación que está atravesando mi Alma Mater, mi querida casa de estudios, donde he sido alumno y profesor durante muchos años, la Universidad de Guanajuato.

Como decíamos hace un mes, de manera sorpresiva se lanzó la convocatoria para substanciar el proceso de designación de la persona titular de la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato para el periodo 2023-2027 y desahogarse, sin justificación ni explicación, durante el periodo vacacional. Sin embargo, la pretensión de que pasara desapercibido resulto contraproducente, y se agregó a la ventilación mediática una serie de hechos y situaciones que han puesto a la Universidad en el centro de la revisión y discusión pública del Estado de Guanajuato, y en alguna medida del ámbito nacional.

Además de los rankins publicados por el periódico Correo, donde la Universidad no sale lo mejor posicionada y el escándalo generado por la forma en se solicitó el derecho de réplica, entrando abruptamente el rector, acompañado por directivos, administrativos, profesores y alumnos a las instalaciones del medio de comunicación, provocando que este presentará una querella por allanamiento contra el rector y 21 funcionarios, y uno de estos hiciera lo propio contra el periódico por secuestro,; esto provoco el pronunciamiento de la red de protección a periodistas del estado exigiendo al rector y a sus funcionarios a dejar de violar las garantías de los periodistas y los medios de comunicación.

El mismo hecho produjo también una reciente recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en cinco resolutivos: “se emita una disculpa pública al periódico Correo y a su personal” “que se instruya a quien corresponda para el inicio de una investigación y se deslinde responsabilidades de servidores públicos participantes en los hechos”. Que se entregue al rector y funcionarios involucrados la resolución de la queja y se hagan las gestiones ante la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Que se acredito que los directivos de la Universidad violaron el artículo 16 constitucional en perjuicio del rotativo. Termina diciendo “que sumado a los anteriores elementos probatorios que obran en el expediente, genera la convicción de que hubo una intención de intimidar, al haber ingresado y actuado en la forma en que se hizo al interior del domicilio”. Simplemente terrible para la Universidad.

En forma inédita el tema de la Universidad, pero particularmente la actuación del rector, ha sido recurrente las últimas seis semanas en la comisión de educación, ciencia y tecnología y en el Pleno del Congreso del Estado, dando como resultado un exhorto, aprobado por unanimidad de votos en su sesión del 29 de junio pasado, donde se pide“ al Consejo General Universitario y a la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato, para que, en el ejercicio de sus atribuciones y en relación con el proceso de designación de la persona titular de la Rectoría General para el periodo 2023-2027, se continúe garantizando los principios de transparencia, así como perspectiva de género y escuchado puntualmente la opinión de la comunidad universitaria”.

La totalidad de la representación estatal exige un proceso transparente, imparcial, objetivo y claro para la designación de la máxima autoridad unipersonal de la Universidad. El exhorto no es gratuito ni fortuito, se deriva de una serie de situaciones previas que presumen el intento del rector de posicionar a la secretaria general y/o al secretario de gestión de la propia Universidad como eventuales sucesores, y luego inexplicablemente ellos mismos se auto descartan, y surge la Directora de la División de Ciencias económico-administrativas del Campus Guanajuato, como la propuesta oficial.

A todo lo anterior se han agregado una serie de denuncias y quejas por acoso laboral y sexual de trabajadoras universitarias contra funcionarios universitarios, además de que ha permeado el terrorismo laboral y las amenazas de despidos por el solo hecho de apoyar candidaturas diferentes a la “oficial”; denuncias de uso indebido de recursos públicos, entre otras situaciones.

Son muchos frentes abiertos por el rector y sus funcionarios que pueden generar responsabilidades de todo tipo, penales, administrativas, civiles y quizá de otra naturaleza, para los involucrados; pero desafortunadamente incluyen a la Universidad, afectando un prestigio institucional bien ganado durante siglos, que no puede ser soslayado de manera irresponsable.

El rector en funciones le ha dedicado prácticamente toda su vida profesional a la Universidad y tiene un prestigio académico bien ganado, y que, si no opta por la vida política y partidaria, como se especula, y si así lo decide está en todo su derecho, siempre y cuando no involucre a la Universidad, pero si no, regresará a la vida académica y de la investigación en la propia institución, entonces surge la pregunta ¿porque no hacerlo y regresar a la vida académica por la denominada “puerta grande”?

La prudencia y la pertinencia podría generar que el rector haga efectiva la facultad que le otorga el artículo 49 del Estatuto Orgánico de la Universidad y delegue la presidencia de la Comisión Especial del proceso sucesorio a un académico de prestigio, que afortunadamente abundan en la Universidad, que no se haya manifestado en favor o en contra de ninguno de las cinco candidaturas que han solicitado su registro, y permita que la misma actué sin cuestionamientos. Lo éticamente correcto sería tambien la separación de la misma Comisión, de los integrantes que han sido imputados por el allanamiento al periódico Correo

El exhorto del Congreso del Estado ameritaría que todas las sesiones, deliberaciones y actuaciones de los tres órganos involucrados, la Comisión Especial, el Consejo General Universitario y la Junta Directiva, sean públicas y el principio de transparencia y máxima publicidad se expanda en toda su dimensión.

El rector en funciones tiene muchos pendientes por resolver, empezando por cerrar de la mejor manera posible todos los frentes abiertos, pero de forma relevante preparar la entrega de la rectoría general, no solo en la parte administrativa, que por ley se tiene que hacer, sino del legado que dejara después de 8 años de gestión, que involucra buena parte del quehacer universitario y a la propia comunidad. Esa es, en mi opinión, la principal responsabilidad que tiene ahora mismo y en lo que debería estar concentrado, y no en los sainetes y escándalos en los que ha estado envuelto los últimos meses.

Esperemos que la cordura, la prudencia y la responsabilidad se impongan y permita que salga a flote los mejores aires, principios y valores del espíritu universitario. Un proceso de designación cuestionado, por la comunidad, agentes internos y externos y actores políticos y sociales, seria el peor legado que se podría dejar. Ojalá que no sea así.

 

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