Propone la diputada Tiscareño establecer medidas para prevenir daños a áreas forestales por realización de eventos

Diputada Ruth Tiscareño Agoitia

Guanajuato, Gto., 18 de octubre de 2026.- Mediante una iniciativa de reformas a la Ley de desarrollo forestal sustentable, la diputada local priista Ruth Tiscareño Agoitia propuso establecer medidas para prevenir daños ambientales ocasionados por eventos deportivos, actividades recreativas y turísticas en áreas forestales, así como fortalecer las acciones contra la proliferación del muérdago.

En Guanajuato -dijo- existen zonas con altos niveles de degradación forestal, entre ellas Sierra Gorda, Sierra de Lobos y las áreas serranas que rodean a Guanajuato capital, las que son propensas a sufrir daños por acciones humanas.

“Un ejemplo reciente nos recuerda la importancia de actuar a tiempo. En julio de este año, durante el acondicionamiento de una competencia deportiva en Guanajuato capital, se denunció la tala de ejemplares de garambullo. Este hecho nos invita a reflexionar sobre la manera en que organizamos las actividades deportivas y turísticas en nuestros entornos naturales”.

Reconoció que el deporte, la recreación y el turismo generan convivencia, actividad económica y oportunidades para las comunidades.

“Su desarrollo en terrenos forestales requiere planeación y medidas de protección acordes con las características de cada lugar, la apertura de caminos, el tránsito de vehículos, la concentración de visitantes y la instalación de infraestructura pueden ocasionar erosión, contaminación y pérdida de flora nativa. La clave está en prevenir el daño desde el origen y establecer responsabilidades claras para quienes organizan estas actividades”.

La propuesta establece que antes de autorizar la realización de eventos deportivos, recreativos o turísticos que impliquen asistencia masiva y el uso de terrenos forestales, se cuente con un dictamen previo que garantice la protección y conservación de estas áreas.

“Asimismo, las personas físicas, las empresas y las propias instituciones gubernamentales deberán acreditar que disponen de los recursos y la infraestructura necesarios para aplicar medidas preventivas. Cuando sus actividades ocasionen daños, deberán realizar las acciones de reparación, restauración o remediación que determine la autoridad competente. Esta disposición incorpora un principio indispensable: las mismas obligaciones de protección ambiental deben regir para quienes organizan actividades, sean particulares o autoridades”.

Además, la iniciativa busca que haya acciones más contundentes para prevenir y combatir las plagas en el patrimonio natural:, como es el caso de la proliferación del muérdago.

 

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