Litigar desde el poder: El plagio
Santiago López Acosta
Como los anunciamos hace un mes el escándalo del plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmin Esquivel Mossa, ante su negativa de renunciar, como tampoco a solicitar licencia para defenderse desde una posición neutral y sin ventajas, empezaron los litigios con la determinación del juzgado quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México al otorgar la suspensión provisional, ordenando a la UNAM dejar de informar sobre el proceso en cuestión, a través del Comité de Ética del Consejo Universitario. Dice el Juez que emitir comunicados o conferencias de prensa atenta contra el principio de presunción de inocencia en su vertiente extraprocesal. Sigue diciendo el Juez “las autoridades públicas deben tener en cuenta sus responsabilidades y obligaciones como servidores públicos y actuar con moderación cuando expresen sus opiniones y puntos de vista en cualquier circunstancia en que, a los ojos de un observador razonable, puedan comprometer objetivamente su cargo, su independencia o imparcialidad en los asuntos que conocen conforme a sus atribuciones y facultades legales”. Señala que se trata de un asunto mediático, y efectivamente en los medios ha sido severamente sancionada.
Espero que este criterio lo apliquen también cuando lo solicite cualquier persona afectada de abusos de diversos servidores públicos, que no respetan ese principio y dañan irresponsablemente el prestigio, la honra, el patrimonio y otros derechos inherentes a su integridad.
La UNAM señalo que es respetuosa de la ley y que acatara lo estipulado, pero lamento la decisión diciendo que se busca silenciar a la institución, coarta la libertad y el derecho a la información de los universitarios y de la sociedad, que la Universidad es un espacio donde la pluralidad de las ideas se expresa y confronta sin restricciones ni cortapisas. “En la Universidad no se acallan las voces, por el contrario, se alienta el debate y se cultiva el pensamiento crítico. La censura siempre será contraria a la esencia de la Universidad”.
Por supuesto que la ministra tiene derechos, como cualquier persona, sin embargo, se cuestiona que haya presentado un amparo desde su posición de ministra, con todo el poder que eso significa, y aunque el titular del juzgado de distrito que determinó la suspensión tiene autonomía e independencia judicial, no deja de ser inferior jerárquico de aquella. También se pone en tela de juicio un posible conflicto de interés, que algunos lo llevan hasta un posible abuso de poder, cuando se litiga jurisdiccionalmente en el propio poder donde ella ocupa una de las posiciones más altas.
La semana pasada, también se designó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que realice el estudio de las denuncias y quejas que se han presentado contra la ministra Esquivel sobre el mismo hecho, en la propia Corte, de las que tendrá que presentar algún proyecto o proyectos de resolución al Pleno de esta.
Este caso es inédito, no porque no haya habido ministros cuestionados, como Genaro David Góngora Pimentel, que tuvo que enfrentar demandas de carácter familiar, aunque no impactaron en su función y no se señaló que haya traficado alguna influencia, o el de Eduardo Medina-Mora, que ante supuestas evidencias de irregularidades presento su renuncia; en el que nos ocupa, la salida lógico-política, con la intervención de los poderes que participaron en la designación no ha sido, ni es, ni será opción de resolución.
Están dos frentes de litigio abiertos, el que se desarrolla en la UNAM, ahora acotado con la suspensión mencionada, y tal vez también con la presión y acoso del poder político, no solo con la descalificación y los señalamientos, sino con la poderosa arma del presupuesto. Veremos hasta donde puede y quiere llegar en este asunto, donde la Universidad tiene las atribuciones para resolverlo, a través de su máximo órgano, el Consejo Universitario. Por otra parte, está el de la Corte que, en plenitud de jurisdicción, como máximo órgano del Poder Judicial de la Federación, creo tiene la capacidad y legitimidad jurídica y política para resolverlo, en definitiva.
Un tercer frente es el juicio político, incoado por el senador German Martínez que, por formar parte de la oposición, tiene muy escasas posibilidades de que se le dé tramite y desahogue el procedimiento.
Las evidencias que se han publicitado marcaron en un principio quien había plagiado y quien fue plagiado, la intervención con ambos de la misma asesora, la cual fue despedida de manera fulminante por la UNAM, ahora se agregan las declaraciones contradictorias del denominado “otro alumno”, el señor Báez, que presento un trabajo casi idéntico un año antes, además de pruebas “técnicas y científicas” y dictámenes periciales en informática y documentoscopia, declaraciones de exfuncionarios de la propia Universidad y de maestros de la FES Aragón.
Los litigios apenas empiezan, seguramente serán largos y tortuosos, y lo que al principio parecía claro y evidente, ya no lo es tanto, con los cambios de posición, de manera drástica, tanto de la ministra como del señor Báez, que no sabemos si afectaran o no la validez de las pruebas aportadas.
El costo político y de credibilidad institucional, tanto para la UNAM como para el Poder Judicial Federal es altísimo y las consecuencias, de diversa naturaleza, pueden ser muy graves, no solo en su prestigio, sino en las decisiones que tomen, presentes y futuras.
Lo más cuestionable es que se litigue desde una privilegiada posición de poder, con toda la fuerza e influencia que eso conlleva, para defender una situación y circunstancia personal, donde no se cuestiona nada que involucre institucionalmente al Poder Judicial. Litigar para defenderse es un derecho de cualquier persona, pero hacerlo desde ese cargo, para que resuelva el mismo Poder donde ella ocupa una posición privilegiada, constituye una ventaja indebida, que debería considerarse por quienes les corresponda resolver. Este caso se complica cada vez más, y seguramente todavía nos falta por ver.
