Columna Diario de Campo

Luis Miguel Rionda (*)

La Cámara de Diputados federal aprobó, en su sesión maratónica del martes y miércoles, un “paquetazo” de reformas a una decena de leyes de muy distinto carácter. Por mi formación me llamó la atención la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (https://t.ly/cRw0e), que deroga la actual Ley de Ciencia y Tecnología, que fue decretada el 30 de abril de 2002, en tiempos del presidente Fox. Recuerdo que ésta fue fruto de un intenso proceso de consulta y acuerdos, incluyendo la creación del Foro Científico y Tecnológico, a cargo de científicos(as) destacados. La política científica en manos de científicos o académicos. Ciencia burguesa, dicen hoy.

Esta administración federal morenista llegó al poder sin una propuesta clara en este campo, que es estratégico para el desarrollo económico y social del país. A pesar de ello, en el proceso electoral de 2018 el grueso de la comunidad científica y académica otorgó su voto a la coalición Juntos Haremos Historia. Ingenuamente, creyeron que optar por una  izquierda rancia era la mejor vía para detener el lento deterioro de las condiciones estructurales en el sector del conocimiento, e incluso soñar con el objetivo de la UNESCO de destinar el 1% del PIB a la investigación científica y la innovación.

Desgraciadamente la realidad ha sido otra en estos cuatro años y medio: la 4T y la directora del Conacyt han aplicado criterios de rentabilidad política, mediante la imposición de una pretendida “utilidad social” de una “ciencia para el pueblo”. Se han restringido los apoyos institucionales y personales –las becas–; se han desaparecido fideicomisos adémicos; se ha combatido a instituciones “conservadoras” como el CIDE; se persiguió penalmente a los integrantes del Foro Consultivo y Tecnológico; se han aplicado criterios caprichosos y personalistas para otorgar los apoyos a proyectos de investigación, y los estímulos del SNI  –recordemos el nivel III del plagiario fiscal de la República–; la extinción de apoyos al sector educativo privado; la expulsión de los comités evaluadores de científicos incómodos como el laureado Antonio Lazcano, y un largo etcétera.

La iniciativa aprobada en la madrugada, por diputados desvelados que de ninguna manera tuvieron tiempo de leer las 526 páginas que la integran. Se contó 257 votos en favor, 209 en contra y 2 abstenciones. Curiosamente, una diputada de Morena votó en contra: Adela Ramos Juárez, de Chiapas (https://t.ly/QtU8), quien se ha confrontado con su líder parlamentario por el tema de la corrupción en Segalmex.

Esta iniciativa de ley fue sometida a cinco ejercicios de parlamento abierto, de siete programados. La molestia ha cundido. La revista Proceso informó el miércoles 26 que “El pasado 17 de abril, más de mil investigadores firmaron un pronunciamiento del Colectivo por la Ciencia en el que se pidió evitar ‘la aprobación apresurada de una iniciativa unilateral’ y tras la aprobación fast track, integrantes de la comunidad científica publicaron un posicionamiento conjunto en el que señalan que la aprobación se dio de forma ‘sorprendente’ y ‘sin honrar su compromiso con el diálogo y la apertura hacia la comunidad académica’ (https://t.ly/ILX4).

Nada bueno puede esperarse de una ley impuesta bajo criterios ideológicos, que combate la libertad de investigación e impone una visión dicotómica entre la ciencia “buena” y la “neoliberal”. Por favor…

(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León, Departamento de Estudios Sociales. @riondal – FB.com/riondal – https://luismiguelrionda.academia.edu/

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