Juez federal concede la prisión domiciliaria al ex gobernador Ernesto Ruffo, acusado de delincuencia organizada y huachicol
CDMX 25 de septiembre de 2026.- A poco más de dos meses de haber sido detenido y recluido en el penal de El Altiplano, Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, logró que un juez federal le permita seguir su juicio en prisión domiciliaria.
Como se recordará, el ex mandatario de Baja California fue detenido como presunto responsable de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, mejor conocidos como huachicol fiscal.
Para fundamentar su determinación, el juez tomó en cuenta que el imputado tiene más de 70 años de edad y presentó pruebas fehacientes en el sentido de que su salud está deteriorada.
Al respecto, la Fiscalía General de la República informó:
“Derivado de una solicitud formulada por la defensa de Ernesto “N”, el día de hoy se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, en la que se determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se cumpla en el domicilio del justiciable.
La defensa solicitó la modificación del lugar donde se ejecute la prisión preventiva oficiosa, al señalar que dicha persona es adulta mayor y tiene problemas de salud, por lo que ofreció dictámenes médicos de una cirugía y de diversos padecimientos.
Además, el Juez de Control ordenó que el imputado tenga vigilancia permanente por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN), prohibición de salir del país, retiro de su pasaporte y visa, así como no acercarse a los testigos y personas relacionadas con la investigación, en lo que continúa el proceso penal en su contra.
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los delitos que se le imputan a Ernesto “N”, como son la delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, conllevan que la autoridad judicial imponga de oficio la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que su aplicación es posible a criterio del Ministerio Público Federal (MPF).
La Fiscalía General de la República reitera su respeto absoluto a la Ley y al debido proceso, así como a las determinaciones del Poder Judicial Federal”.
