Iniciativa para sancionar más severamente la cobranza extrajudicial ilícita

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Guanajuato, Gto., 2 de mayo de 2024.- Con el fin de sancionar más severamente a quienes incurran en el delito de cobranza extrajudicial ilícita, así como de ampliar la protección legal a quienes deben dinero, el diputado Alejandro Arias Ávila presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del  estado.

Al dar lectura a la exposición de motivos señaló que para nadie son desconocidas las malas prácticas, amenazas e intimidaciones que utilizan algunos despachos y personas físicas con el fin de presionar al pago de los adeudos, los que incluso alcanzan cifras mayores a las acordadas.

“La cobranza extrajudicial se ha convertido en una práctica que no sólo aqueja a un sinnúmero de deudores, sino a quienes son utilizados como referencia o aval para obtener un crédito”.

Dicha práctica, en numerosos casos se realiza por abogados, empresas y despachos que utilizan el hostigamiento, la intimidación, la violencia, o, peor aún, sellos y documentación falsa o simulada que pudieran causar desconfianza en instituciones serias de financiamiento.

Agregó que algunos cobradores llegan a cometer delitos como robo, allanamiento de morada y usurpación de funciones, ya que lo que supuestamente fue un préstamo fácil y de rápida liquidación, de inmediato se convierte en impagable.

“Este formato o esquema de préstamos, generalmente es operado por una red de personas, en su mayoría extranjeras, que han convertido esta práctica en su modus vivendi, es decir, en la protección ilícita de acreedores, lo cual está regulado en la legislación penal vigente. Sin embargo, dicha actividad delictiva no se ha mantenido estática, porque, hasta lo dicho, esta es la forma en que por años hemos observado la realización de hechos que constituyen la cobranza ilícita”.

Hay casos en que grupos delincuenciales gravan su conducta con amenazas de secuestro y asesinato si no se paga el adeudo, incluso llegan a ponerse de acuerdo con autoridades para hacer efectivo el cobro.

“Por ello, la urgencia de actuar legislativamente y ampliar el tipo penal de cobranza ilícita para considerar el aumento de sanción cuando intervengan sujetos cualificados o servidores públicos y que a estos últimos se les castigue con la destitución y la inhabilitación de su cargo”.

De uno a cuatro años de cárcel, es la pena que el diputado Arias propone aplicar a quien incurra en la cobranza extrajudicial ilícita.

 

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