Iniciativa para revocar el permiso o licencia a negocios que vendan bebidas embriagantes adulteradas

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Guanajuato, Gto., 9 de mayo de 2024.- Mediante adiciones a la ley estatal de alcoholes, la diputada Ruth Tiscareño Agoitia propuso revocar el permiso o licencia para la venta de bebidas embriagantes a establecimientos que vendan producto adulterado, al igual que aquellos en los que su personal cause lesiones o el fallecimiento de gente que está dentro o en espera de entrar a los negocios.

Al dar lectura a la exposición de motivos de su iniciativa, Ruth Tiscareño subrayó que la venta de bebidas alcohólicas adulteradas representa grave problema de salud pública, ya que consumirlas ocasiona agudos malestares e incluso puede causar la muerte.

“Cuando una persona consume alcohol adulterado, se presentan dentro de las primeras 48 horas dolor de cabeza, vómitos, dolor abdominal, sudor excesivo, mareos, vértigo, visión borrosa, molestia excesiva provocada por la luz, la percepción de colores alrededor de los objetos, incoordinación motora, dificultad para respirar y convulsiones”.

Lo peor del caso es que esas bebidas se ofrecen abiertamente al público, en especial a jóvenes, quienes muchas de las veces ignoran qué es lo que consumen.

“El tema no es menor, dado que se estima que de cada 10 botellas que hay en el mercado, cuatro son adulteradas y resultan atractivas al consumidor por su bajo precio, siendo ofrecidas comúnmente en bares y discotecas”.

De agresiones cometidas por personal de seguridad, sobre todo los llamados “cadeneros”, señaló que para nadie es desconocido la agresividad de muchos de ellos

“Constantes son los incidentes que este tipo de personal para extraer a los clientes ebrios del lugar, o bien que impide el acceso de personas o jóvenes a dichos establecimientos, personal que sin ninguna capacitación respecto al trato al público, en forma constante agreden a clientes, causándoles lesiones, incluso de gravedad, o pudiendo ocasionarles la muerte debido a los golpes que les propinan a las personas”.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de hacienda y fiscalización y de gobernación y puntos constitucionales para su estudio y dictamen.

 

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