Columna Diario de Campo

Luis Miguel Rionda (*)

La política real se impone en México. Lo hace sobre el orden jurídico que se construyó con base en las desconfianzas mutuas a lo largo de ocho reformas electorales de gran calado que se han implantado desde 1977. En general, esas reformas impusieron controles, amarres, vigilancias, frenos, fiscalizaciones y demás límites a la libertad de hacer política. En una actitud pragmática, se reconoció la poca calidad ciudadana que aún padecemos en este país, novato en lides democráticas.

Desde 1857 México optó por el modelo liberal de desarrollo político, que se basa en valores fundamentales como el respeto a las libertades, el ejercicio de la confianza, el sometimiento a la ley y sus contrapesos, y el valor de la competencia. La constitución de 1917 confirmó esa vocación ideal, añadiéndole contenido social con un proyecto integrador de los sectores sociales lastimados y empobrecidos.

Desgraciadamente ese modelo formal no se correspondió con la cultura política prevaleciente desde tiempos coloniales, su carácter autoritario y centralista, con predominio del egoísmo individualista, donde los habitantes no se asumen como ciudadanos que colaboran, sino como entes que buscan el beneficio inmediato para sí y para sus cercanos.

Por eso se tejió una imbricada red legal de controles para el ejercicio de la política, porque se partió del supuesto de que todos los actores son abusivos si se les permite. A esto respondió la profunda reforma electoral de 2007, que buscó acallar a los actores y anular la política electoral fuera de los estrechos límites impuestos desde entonces. Parecía racional limitar la libertad de expresión de los gobernantes; pareció bien estrechar los periodos de campañas y precampañas a unos cuantos meses; pareció justo ampliar las capacidades de fiscalización del IFE; pareció apropiado cambiar el modelo de comunicación política para sustraer los intereses económicos de los concesionarios de comunicaciones, y pareció oportuno ampliar las condiciones para el recuento de los votos en las casillas y en los consejos. Sonaron los cerrojos sobre las libertades.

Los promotores de esa reforma, las oposiciones de entonces, diseñaron ese cinturón de castidad para los detentadores del poder. Hoy que ocupan el sillar potestativo sienten el ahogo de la soga que impusieron a sus rivales, por lo que intentaron eliminarla mediante el frustrado plan B. No tuvieron éxito, pero en el terreno de los hechos se ha optado por ignorar las acotaciones legales y hoy estamos sumergidos en pleno ambiente de precampañas que defraudan la ley.

Muchos estamos de acuerdo en que es antinatural someter la política electoral a los cinchos de la desconfianza mutua. Pero eso no autoriza a violar el marco legal vigente. Ese mismo cerco está metiendo en problemas a las autoridades electorales, tanto al sistema INE/OPLE como a los tribunales, pues no pueden ignorar la flagrante y cotidiana violación a las normas, pero tampoco se atreven a agitar el avispero. Por eso están optando por la moderación en sus llamados e intervenciones; saben que caminan sobre terreno minado, con el riesgo de empeorar un clima crispado y de todas maneras quedar mal con tirios y troyanos.

Nadie parece dispuesto a esperar a fines de noviembre para inicar la carrera. Nos esperan cuatro meses de simulación y pantomima. México sigue siendo más surrealista que Dalí.

(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León, Departamento de Estudios Sociales. @riondal – FB.com/riondal – https://luismiguelrionda.academia.edu/

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