Establece la SCJN metodología para resolver conflictos entre particulares por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
CDMX 24 de febrero de 2025.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció de un caso relacionado con un juicio civil en el que una empresa inmobiliaria demandó a una asociación de colonos el pago de los daños y perjuicios que, a su consideración, le ocasionó la información negativa que divulgó esa asociación en relación con uno de sus desarrollos.
La información consistió en señalar que la empresa no contaba con la anuencia que avalara la prestación de los servicios de agua potable, tratamiento de aguas residuales y recolección de basura que la asociación presta como concesionaria en dicho desarrollo. De acuerdo con la empresa, la información emitida por los colonos ocasionó la rescisión del contrato de compraventa de uno de los inmuebles de ese complejo, así como el pago de una pena convencional al comprador.
El Juez local declaró procedente la acción y condenó a la asociación de colonos a pagar los daños y perjuicios ocasionados, decisión que fue revocada por el Tribunal de apelación quien absolvió a la asociación. En desacuerdo, la inmobiliaria promovió un juicio de amparo directo, el cual le fue negado por el Tribunal Colegiado tras concluir que la información divulgada por la asociación se encuentra protegida por la libertad de expresión. Inconforme, la empresa quejosa interpuso un recurso de revisión.
En su fallo, la Primera Sala determinó que el estándar de veracidad e imparcialidad exigido al examinar si una expresión tiene protección constitucional es distinto, dependiendo de la calidad de la persona que la emite.
Ello es así, toda vez que el estándar reforzado exigido a los periodistas y medios de comunicación no puede aplicarse por igual a las personas privadas, pues éstas últimas no se dedican a investigar, sistematizar y difundir información de interés general. Así, el estándar requerido para dirimir conflictos entre particulares, derivados del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, debe ser regular.
En este sentido, el alto tribunal decidió que, en conflictos como el planteado, para verificar si la información o las expresiones emitidas por personas privadas en relación con otras personas privadas merecen protección constitucional, debe analizarse:
- a) la calidad de las personas involucradas con el fin de dilucidar si están en igualdad de condiciones para ejercer su derecho;
- b) los medios usados para difundir la expresión para esclarecer si hubo abuso en el ejercicio del derecho;
- c) si la información es de interés público;
- d) la veracidad e imparcialidad de la información; y
- e) la existencia de afectación y de dolo, siempre que previamente se demuestre la falsedad de la información.
De esta manera, al aplicar los criterios descritos al caso concreto, la Sala resolvió que la información divulgada por la asociación de colonos está protegida por el derecho a la libertad de expresión.
Lo anterior, toda vez que la asociación se limitó a difundir hechos propios, consistentes en que no dio su anuencia para la prestación de servicios para el desarrollo inmobiliario, siendo, entonces información que dio a conocer en cumplimiento de sus deberes conforme a su objeto social; misma que cumple con el estándar de veracidad e imparcialidad.
A partir de estas razones, la Primera Sala confirmó la sentencia impugnada y negó el amparo solicitado, aunque por distintas razones.
