En Guanajuato el IMSS ha suspendido cirugías por su desabasto de insumos médicos, afirma la diputada Pilar Gómez
Diputada María del Pilar Gómez Enríquez.
Guanajuato, Gto., 24 de abril de 2025.- La cancelación de más de 200 contratos para la compra de medicamentos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya se ha traducido en graves problemas a nivel nacional para garantizar el derecho a la salud.
Por lo que respecta al estado de Guanajuato, están suspendiéndose cirugías, afirmó desde la tribuna del congreso local la diputada perredista Pilar Gómez Enríquez
“La ciudadanía, los organismos técnicos especializados y los usuarios del sistema de salud requieren certidumbre sobre la legalidad de las actuaciones de las dependencias encargadas del abasto. Estos anuncios, además, ocurren en el contexto de informes del propio Instituto Mexicano del Seguro Social en nuestro estado sobre la cancelación de cirugías debido a la falta de insumos para llevarlas a cabo”.
Gómez Enríquez subrayó que para nadie es desconocido la falta de medicinas, insumos médicos y materiales para curación en el sector público de la salud.
“Por ello, resulta necesario exhortar a las instancias involucradas a establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con el fin de garantizar de manera inmediata la cobertura ininterrumpida del suministro de medicamentos y el impulso de acciones para la debida atención de la población”.
Tras detectar irregularidades por parte de la empresa Birmex, el pasado 9 de abril la Secretaría Anticorrupción determinó anular en su totalidad el proceso de licitación pública internacional para adquirir medicamentos, insumos médicos y material de curación correspondiente al periodo 2025-2026,
“La protección del derecho a la salud implica adoptar todas las medidas necesarias para evitar retrocesos en el acceso efectivo a tratamientos médicos. Cualquier determinación administrativa que implique riesgos de desabasto requiere máxima diligencia, revisión técnica, independiente y su gestión plena de los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas”.
La medida adoptada por la Secretaría Anticorrupción obligó al Seguro Social a cancelar más de 200 contratos, lo cual agrava mucho más sus problemas de desabasto.
