De enero a noviembre de 2026 en Guanajuato se presentaron 1344 denuncias por extorsión; analizan iniciativa del GPMorena para combatir ese delito

Guanajuato, Gto., 12 de agosto de 2026.- En mesa de trabajo de la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato, representantes de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Paz catalogaron de viable una iniciativa de reformas al marco jurídico de la entidad para armonizarlo con el federal en materia de combate a la extorsión.

La propuesta fue presentada por el Grupo Parlamentario de Morena (GPMorena); uno de sus asesores, Ángel Osorio, expuso que a partir de 2021 en el estado de Guanajuato han aumentado exponencialmente las denuncias de personas extorsionadas.

“Alcanzando 1344 víctimas en los primeros 11 meses de 2025. El impacto social y la cifra negra es una tasa de no denuncia en Guanajuato que supera el 90 por ciento, por miedo o desconfianza; además, el estado se posicionó como el de mayor número de niñas, niños y adolescentes víctimas en extorsión, dando un 19.8 por ciento a nivel nacional”.

Los morenistas contemplan establecer obligaciones a las instituciones de seguridad pública estatal y municipales para que alineen sus políticas, estrategias, protocolos operativos y mecanismos de coordinación con el fin de que puedan debilitar la extorsión.

“También tenemos  las nuevas modalidades que requiera actualizar el marco jurídico ante nuevas formas delictivas, como amenazas digitales, el cobro de cuotas, uso de material íntimo y simulación de accidentes. Como ya se había mencionado, la propuesta reforma a la Constitución Política, al Código Penal de Guanajuato y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato”.

A nombre de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Magdalena Acevedo expuso que la iniciativa es viable y acorde a una que el pasado 5 de marzo presentó la gobernadora, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

“Respecto al combate a la extorsión, pero además aborda los aspectos relacionados con armonización con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se estima pertinente valorar ambas propuestas de manera conjunta a fin de procurar congruencia  normativa y una adecuada armonización del marco jurídico estatal”.

En los mismos términos se expresó la representación de la Secretaría de Seguridad y Paz.