Asegura Ernestina Godoy que el exgobernador Aguirre ordenó desaparecer las evidencias de la desaparición de los 43

CDMX 6 de agosto de 2026.- Basándose en testimonios de “una persona colaboradora”, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, afirmó que el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, ordenó “desaparecer cualquier evidencia” relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un mensaje sobre los avances de las investigaciones de ese tema, Ernestina Godoy establece que “como parte del nuevo modelo de investigación emprendido por la Fiscalía a mi cargo, ordené el reanálisis profundo, exhaustivo y detallado de las actuaciones existentes que abrieron nuevas líneas de investigación”.

Como resultado de esos trabajos quedaron de manifiesto los siguientes hechos:

“Primero. La noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús “Estrella de Oro” número 1531, en el que viajaba el grupo de normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del estado en Iguala, en el momento en que era detenido por policías municipales y estatales.

Segundo. Las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema; sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa.

Tercero. En enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel “N”, además de referir amenazas que explicaban su silencio previo.

Cuarto. En mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio, al señalar que Ángel “N” ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Y

Quinto. La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”.

Agrega que esos y otros elementos contenidos en la investigación, “permiten sostener que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal”.

Por lo anterior, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Ángel “N”, por los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, misma que fue cumplimentada este día en el Estado de México con pleno respeto a sus derechos humanos.