A exigencia de López Obrador, senadores desaparecen al CONACYT, la Financiera Rural y el INSABI; Afectados los pobres

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* Incondicionales del partido oficial violan flagrantemente la Constitución y la normatividad legislativa

* Partidos de oposición van a impugnar lo aprobado por Morena ante la Suprema Corte de Justicia dela Nación

FACETAS DE MÉXICO

Por. Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo

Los senadores del Movimiento de Reconstrucción Nacional (MORENA) que son mayoría en el Senado de la República —a propuesta del Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador—aprobaron 20 Leyes y Reformas Constitucionales en el breve espacio de menos de cinco horas, con violación flagrante de la Constitución y la normatividad legislativa; esto, en los últimos días del recién pasado mes de abril.

La oposición, en particular PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, afirmaron, de inmediato, qué van a impugnar la aprobación por Morena, PT y Verde, ante las instancias jurídicas, concretamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “porque todo eso que hizo Morena y sus aliados, es un cochinero legislativo”.

Las modificaciones a las leyes, que finalmente son constitucionales, tendrán efecto en la administración pública. Se reflejarán en daños económicos y de afectación de la salud de los mexicanos menos favorecidos por las condiciones económicas, de por sí pobres por los altos índices de inflación y apenas reponiéndose de la más terrible pandemia de las últimas décadas en México y el mundo.

Se dan una serie de situaciones totalmente negativas. Para empezar, la extinción del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) y la transferencia de todas sus funciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar). Esto, por la ausencia de eficiencia en los servicios médicos. Hay que señalar que el organismo extinguido fue creado en este gobierno y sólo permaneció cuatro años, por no cumplir con sus expectativas de atención a la salud.

Como es del conocimiento público, el INSABI sustituyó al Seguro Popular, que ofrecía servicios de salud directamente a más de 16 millones de personas adultas mayores, carentes de otros servicios, y se incluía a otro tipo de mexicanos sin recursos económicos, hasta llegar a 50 millones de personas.

Aprobaron los senadores desaparecer a la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Este organismo de apoyo fundamental para el campo mexicano y la pesca, quebró rotundamente, por falta de recursos y de medios para extender los créditos a campesinos.

Hasta ahora, todas las instituciones bancarias anteriores de apoyo al sector primario de nuestra economía, no han dado los resultados esperados, mientras que el campo sigue sumido en la pobreza, donde hay desempleo, rezago tecnológico, falta de maquinaria y de organización de productores y, para acabarla de joder, la mitad de la población rural padece desnutrición crónica.

En estas deficiencias gubernamentales, los senadores y diputados jamás han reparado. Sus estrategias políticas están encaminadas a lograr otros propósitos, entre ellos ser legisladores pegados a una nómina, aunque sea por mandato presidencial, no por decisión de los electores. Sólo así, pueden cumplir encomiendas dirigidas a satisfacer al jefe del Ejecutivo.

Otra Ley aprobada fue la de “Tres por Tres”, que impide a funcionarios a acceder a puestos públicos, si participaron en actos de violencia de género. Esto hay que reconocerlo, pero en la práctica. También, el fortalecimiento de justicia para las mujeres.

Otra más, amañada, es la Ley que favorecerá la concentración de compras del Gobierno en la Secretaría de la Función Pública, a excepción de las secretarías de Marina y Defensa. Esto permitirá que esta dependencia realice las compras al mayoreo, audite las compras y diga si esas adquisiciones son dentro de la Ley o son corruptas. En resumen, será juez y parte.

En otro orden, se aprobó dar a las fuerzas armadas la operación completa del Tren Maya, incluso la administración de los recursos económicos que resulten por el cobro de tarifas a los turistas extranjeros, los permisos de tránsito en el país y otros servicios, que son miles de millones de pesos al año.

Además, se votó la reducción de la edad para tener acceso a cargos públicos. También, se dará facilidades a jóvenes con edad de 18 años, para tener oportunidad de aspirar a cargos de elección popular, diputados, y mínimo de 25 años para formar parte del gabinete presidencial.

También aprobaron los legisladores de Morena, la Línea Aérea del Bienestar, que manejará el Ejército. En el mismo sentido de aprobación, destaca también la Ley Minera, que modifica los tiempos de concesión. Entre las propuestas aprobadas, destaca la desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que será un organismo que incluye Humanidades.

Otra Ley aprobada es la de Reestructuraciones y Liquidaciones de Deudas en el FOVISSSTE. La elevación de penas por la tala ilegal, el aumento de medidas para incentivar la compra de vehículos eléctricos; Facilidades para que pequeñas y medianas empresas puedan acceder a Mercados Bursátiles. También, la Ley que impide el remate de bienes nacionales y finalmente la reducción de los límites de velocidad en zonas donde operen instituciones públicas. Otro tema fue la aprobación de medidas para limitar el uso en México del fentanilo.

En resumen, el bloque de senadores morenistas aplicó su mayoría para “saltarse” a los presidentes de comisiones, sesionar al vapor, aprobar todo en el pleno, sin análisis. Todo ello, con 48 votos a favor, 12 en contra y seis abstenciones. Como detalle de las ilegalidades, la senadora Alejandra Lagunes, no estaba ni en la sesión ni en nuestro país. Aun así, fue suplantada por su suplente. Eso no se vale, pero firmó y procedió a la ilegalidad.

Lo que queda a la oposición, las bancadas en el Senado, impugnarán todas las leyes modificadas o canceladas, salvo la constitucionalidad que inhabilita a ser candidatos los violadores de derechos de las mujeres o deudores de pensión alimenticia. Muchos legisladores de la fracción opositora, han declarado que impugnarán todos estos cambios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

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