18F: en marcha por la democracia
Columna Diario de Campo
Luis Miguel Rionda (*)
El movimiento cívico #MareaRosa, constituido por varias docenas de agrupaciones ciudadanas independientes, está convocando nuevamente a una gran marcha por la defensa de nuestra democracia, a la manera de las que realizamos en un centenar de ciudades de México y el extranjero el 13 de noviembre de 2022 y el 26 de febrero de 2023. La nueva fecha es el domingo 18 de febrero próximo, a partir de las 10:00 horas. Al día 7 pasado, se había confirmado la realización de marchas o concentraciones en cien ciudades del país y once del extranjero (Estados Unidos, España, Canadá y Francia).
No se trata de un evento de campaña política: es nuevamente la reacción ciudadana ante los embates sostenidos desde el ejecutivo federal en contra de las instituciones, la ley y la justicia. La pertinencia de la fecha la demuestra el nuevo desprecio al orden constitucional evidenciado el pasado 5 de febrero, al haberse negado el titular de la magistratura presidencial a acudir a la conmemoración del 107 aniversario de nuestra Carta Magna, que muy a su pesar sigue siendo el documento fundamental de nuestra vida social y política.
Miles de ciudadanos conscientes y activos saldremos a las calles a ejercer nuestro derecho a la libre expresión, el libre tránsito, el derecho a la protesta pacífica y nuestra oposición a una nueva andanada de acometidas contra el orden legal, evidente en las 20 iniciativas de modificación constitucional presentadas en ese aniversario. Todas ellas (https://t.ly/MJZRl) son producto de ocurrencias, pero con un claro interés electorero. La mayoría son inviables, pero suenan muy bien a los oídos de los poco informados. Un engaño más, una trampa de humo en la que no debemos caer.
¿Quién puede oponerse a las pensiones universales no contributivas (ojo) para los adultos mayores? ¿O al apoyo a los discapacitados, a los campesinos, a los estudiantes, a los jóvenes sin trabajo o estudios? También se propone revertir las reformas al sistema de pensiones de 1997 y 2007, que le habían dado viabilidad. Con esta contrarreforma el peso financiero de estas recaería sobre las inagotables arcas nacionales. Demagogia que me recuerda la “administración de la abundancia” de los años setenta y ochenta.
Se vuelve a plantear la absurda reforma al Poder Judicial, convirtiéndolo en un rehén de los intereses político-partidistas. También se afecta al Poder Legislativo: se pretende desaparecer las curules de representación proporcional y reducir la representación edilicia municipal. Una involución clara a los tiempos previos a 1964, cuando la unanimidad política obligó a la creación de los “diputados de partido”.
Por supuesto se propone eliminar al INE, para sustituirlo con un dócil instituto de elecciones y consultas; también desaparecer los órganos electorales locales, tanto administrativos como jurisdiccionales, y hacer vinculante la revocación de mandato al 30% (una espada de Damocles contra quien suceda al actual presidente). Se quiere desaparecer los órganos autónomos para restituir la presidencia imperial. Y por supuesto, culminar la militarización de la seguridad pública. Suma también una serie de obviedades, ocurrencias e inconsistencias, que dejo a la mejor opinión del lector o lectora (https://t.ly/msYoB).
Es tiempo de volver a salir a la calle y a la plaza, y desde el ágora de cada ciudad manifestar nuestro sentir: no al manoseo de la Constitución; sí a la legalidad y a los contrapesos. No al retorno de la dictadura perfecta. Ahí nos vemos…
Posdata: manifiesto mi solidaridad con el doctor Carlos Cordourier Real de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Su defensa a estudiantes que padecieron violencia docente parece haberle pasado factura. Ojalá se respeten sus derechos humanos y laborales.
(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León.
