Diputado Ernesto Millán pide reducir a 25 mil pesos el sueldo mensual del Comité ciudadano anti corrupción; ganan casi 86 mil y no hacen nada
Guanajuato, Gto., 24 de agosto de 2023.- Tras señalar que quienes integran el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción tienen un salario mensual individual de 85 mil 895 pesos, el diputado Ernesto Millán Soberanes afirmó que su salario es extremadamente alto, sobre todo si se toma en cuenta que en tres años sólo han presentado 12 proyectos.
Su exposición la hizo al presentar una iniciativa de reformas al artículo 19 de la Ley estatal del sistema anticorrupción para que el sueldo sea de 25 mil pesos al mes, el cual corresponde al de un analista de proyectos, porque –dijo- eso es lo que ellos hacen.
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana son: Katya Morales Prado, Andrea Ludmila González Polak, Giovanni Apendinni Andrade, Alejandro Armando Ramírez Zamarripa y Juana López Ayala, entre quienes conjuntamente al año se erogan 5 millones 700 mil pesos.
“estamos hablando que el Comité de Participación Ciudadana le cuesta a los ciudadanos $480,792.83 cada proyecto “ciudadano” que realiza, es algo totalmente inverosímil y fuera de toda proporción al ser un comité formado únicamente por ciudadanos que se supone están preocupados por el combate a la corrupción”.
Además, cuentan con oficinas muy suntuosas y son los únicos que reciben salario, ya que los demás integrantes de organismos ciudadanos son honoríficos.
“Dentro de la misma estructura de la Secretaría de Seguridad Pública, estos personajes ganan más que un subsecretario, y tienen mucho menos responsabilidad y la realidad es que no están realizando una labor que concuerde con el salario recibido”.
Según el diputado Ernesto Millán Soberanes, lo elevado de ese sueldo los aleja de sus deberes ciudadanos e imparcialidad:
“Al recibir un pago tan alto, los integrantes de este Comité dejan de ser totalmente ciudadanos y se convierten en trabajadores del gobierno del estado, dejando en entredicho la imparcialidad con la que se desenvolverán en su objetividad en la realización, estudio y análisis de los proyectos y opiniones a los que tienen obligación según la ley de la materia”.
Reduciéndoles el sueldo a 25 mil pesos mensuales, el gobierno estatal se ahorraría alrededor de tres millones y medio de pesos al año, los que podrían utilizarse para beneficiar a más de 1200 personas con discapacidad o beneficiar a 100 personas buscadoras con un apoyo de $2,500 cada mes, dijo Millán Soberanes.