Propuesta de reformas a la Constitución para intentar violarla

Santiago López Acosta

El 5 de febrero de cada año se encuentra incluido dentro del calendario oficial para celebrar la promulgación de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República (antes Teatro Iturbide) de la capital queretana, aunque también un 5 de febrero, pero de 1857, se hizo lo propio con la Constitución Liberal de ese año, en un salón del Palacio Nacional. Es día inhábil y se realiza una ceremonia protocolaria en el mismo recinto, con la participación de los representantes de los Poderes de la Unión y de los poderes estatales.

Después de que el año pasado la Presidenta de la Corte, la Ministra Norma Piña no se levantó de su lugar cuando entro el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y este no la saludo, luego que la dejaron en un lejano lugar del centro del escenario, se hizo un escándalo político y mediático nada menor.

Desde hace algunos días el Titular del Ejecutivo Federal anuncio que no asistiría a la ceremonia este año, en un hecho sin precedentes, y en su lugar anunciaría iniciativa de reformas a la propia Constitución, desde el recinto donde se promulgo la Constitución de 1857. Originalmente se interpretó como un pretexto para no volverse a encontrar con la Ministra Piña y tal vez no escuchar su mensaje, seguramente de defensa de la Constitución y la independencia judicial, labor que le correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayan, quien acudió en su representación.

En los últimos días se han venido ventilando algunas de las propuestas, retomando y adelantando la que hizo desde el año pasado, de que los Ministros de la Corte sean electos popularmente, dentro de la iniciativa difundida el fin de semana para reformar el Poder Judicial, incluyendo también a Magistrado y Jueces, entre otras modificaciones que transformarían radicalmente la integración, funcionamiento y atribuciones, no solo del Poder Judicial Federal, sino también de los Estados.

Se han señalado temas como el de las pensiones, el salario mínimo, el maltrato animal, el consumo de fentanilo, retoma la reforma electoral de los llamados Planes A y B, que se echaron abajo, la eliminación de algunos órganos constitucionales autónomos, entre un variopinto repertorio, sin orden, congruencia ni vinculación alguna entre sí.

Es ampliamente sabido que el oficialismo no tiene los votos suficientes, dos tercios de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, para poder reformar la Constitución, por lo que dentro de la propaganda electoral del régimen se planteó el denominado Plan C, consistente en alcanzar la mayoría calificada en ambas cámaras en las próximas elecciones, y así poder modificar la Carta Magna unilateralmente.

Para poder tener mayorías calificadas en las próximas elecciones se requiere alcanzar una votación cercana al 70% de la votación válidamente emitida, de cualquier fuerza política o coalición de partidos, meta muy difícil de alcanzar, casi imposible para cualquier actor de la contienda presente. Tal vez añoren esos porcentajes de votación del viejo régimen autoritario y hegemónico del PRI de hace 5 o 6 décadas.

Basta observar los resultados electorales de 2018, donde el Presidente de la Republica alcanzo una votación del 53%, Morena y sus aliados 11 puntos porcentuales menos en las elecciones de Congreso Federal. Sin AMLO como candidato, se ve muy complicado que repitan esa votación, mucho menos aumentarla hasta casi el 70% para concretar su Plan C. La meta de aumentar casi 30 puntos porcentuales su votación en las congresionales, respecto de la obtenida en 2018, se ve extraordinariamente difícil.

Se trata evidentemente de un slogan propagandístico y de campaña electoral, dentro de la narrativa de que ya tienen ganada la elección, y que solo faltaría los porcentajes de los triunfos del oficialismo, lo cual dista mucho de la realidad.

Dentro de esa estrategia político-electoral están las iniciativas de reformas a la Constitución presentadas por el Presidente de la República, a ocho meses de dejar el cargo. Sin el menor análisis, diagnostico, metodología, consultas con los actores y sectores involucrados y eventualmente afectados, como tampoco los impactos jurídicos, políticos, económicos, presupuestarios, etc. que toda iniciativa seria ameritar realizar previamente a su presentación, máxime tratándose de cambios a la Constitución.

Salvo la propuesta en materia de pensiones y tal vez la relacionada con el salario mínimo, que aparentemente podrían ser apoyadas por el PRI y el PAN, todas las demás no tienen ninguna posibilidad de ser aprobadas. El Presidente y sus apoyadores lo saben, porque su propósito no es que se analicen, discutan, debatan y eventualmente se aprueben o rechacen, sino que los temas de estas se integren a las campañas, por tanto, involucrarse inconstitucional e ilegalmente al proceso electoral en curso.

Con lo anterior, se estará violentando el artículo 134 de la misma Constitución, que impide a todos los servidores públicos inmiscuirse en los procesos electorales, Vaya paradoja, presentar iniciativas de reforma constitucional, a pocos días de iniciar las campañas electorales, con el evidente propósito de violar la misma Constitución.

El recordado “Ya cállate Chachalaca” del entonces candidato opositor López Obrador en 2006, dirigido al entonces Presidente de la Republica Vicente Fox, para que dejara de intervenir en la elección, fue parte de la reforma constitucional de 2007 al artículo 134, el cual ha sido desatendido en infinidad de ocasiones por el AMLO presidente, el cual ya es el titular del Ejecutivo más sancionado por sus permanentes y constantes intervenciones en procesos electorales.

El criterio jurídico ampliamente conocido del “fraude a la ley”, cuando con artilugios y maniobras se busca no cumplir con la norma o de plano burlarla, es probable pueda ser aplicado en el caso que comentamos, pues con la presentación de iniciativas de reforma constitucional, a punto de empezar propiamente las campañas y sin el tiempo y las circunstancias para que puedan ser analizadas, discutidas y aprobadas o no, como marca el proceso legislativo, es claro que el propósito es otro, y puede ser violatorio del 134 constitucional.