Por qué y para qué adelantar actividades fundamentales del proceso electoral local 2023-2024

Santiago López Acosta

Desde hace cerca de dos años, el presidente de la República inició el proceso de su sucesión mencionando una larga lista de integrantes de su gobierno como probables, de los cuales han quedado dos, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y la ahora exjefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, logrando incorporarse el senador Ricardo Monreal, además del diputado Gerardo Fernández Noroña y el senador Manuel Velasco.

Los cuatro primeros de Morena y los dos últimos del PT y del PVEM, respectivamente. Los tres primeros realizaron muchas actividades proselitistas desde sus cargos, y los tres últimos, en menor medida, también. El domingo 11 de junio, el Consejo Nacional de Morena aprobó la convocatoria que dio inició el proceso formal para definir al Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (CDCT), registrándose los seis mencionados y la segura impugnación de una séptima, la diputada Yeidcol Polevsky, cuya solicitud no fue atendida, iniciando los recorridos por el país, del 19 de junio al 27 de agosto, en la víspera del inicio del levantamiento de las encuestas que según las reglas aprobadas, definirán al o la elegida, que se dará a conocer el 6 de septiembre.

Justo en la semana que legalmente inicia el proceso electoral federal, en términos de la legislación vigente, en virtud de que la segunda parte del Plan B se encuentra suspendido por la Corte. Varias de las reformas del Plan B buscaron modificar restricciones y eliminar sanciones de adelantar actividades electorales que han estado realizando muchos servidores públicos federales y locales y los partidos ligados a Morena, que han sido denunciados en cerca de 300 ocasiones, pero las sanciones hasta ahora han sido simbólicas o nulas, pero sin determinarse la mayoría. Sin embargo, con el acuerdo del Consejo de Morena se trata del proceso interno de un partido político nacional para definir su candidatura presidencial, aunque se le llame coordinador de los CDCT, recorridos en lugar de actos de precampaña o campaña, gastos y actividades inherentes a ese propósito.

Existen muchos precedentes en ese sentido del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (el Tribunal) Por tal motivo se han presenta[1]do denuncias y quejas de los partidos MC y PRD, además de otros actores, demandando la suspensión del proceso de Morena por violentar disposiciones constitucionales, como el 41 y 134, entre otros, además de diversos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como el artículo 226 que dice “durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo y las dos Cámaras del Congreso de la Unión (como será el caso que nos ocupa) las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección”.

“Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido político no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se sancionara con la negativa de registro como precandidato”, sigue diciendo el mismo dispositivo.

Las reglas de la convocatoria son muy escasas, vagas e imprecisas, dando un amplio margen a la discrecionalidad de la dirigencia de Morena y de los participantes, como por ejemplo el financiamiento, que al principio se dijo que cada uno tendría que buscarlo por su cuenta, y luego que el partido les entregaría 5 millones de pesos a cada uno, con algunas directrices para su comprobación, pero Adán Augusto López lo rechazó, metiendo en otro problema al partido. No se ha informado nada al INE para supuestamente evitar su intervención y la fiscalización, como si la omisión lo evitara. Es evidente que esa convocatoria no se ciñe a la Constitución y la legislación electoral, adelantándose cinco meses al inicio de las precampañas, con toda la ventaja que eso implica, respecto de los futuros competidores de la oposición. La Comisión de Quejas y Denuncias (CDQ) del INE resolvió el viernes pasado algunas solicitudes de medidas cautelares y tutela preventiva, que buscan impedir la realización de actos como el evento denunciado y que se ordene no organizar, participar y asistir a otros similares.

Negó la medida cautelar solicitada por tratarse de actos consumados, pero otorgó la tutela preventiva de manera muy peculiar, señalando que: “los discursos y mensajes no deberán contener directa y explícitamente llamados al voto a favor o en contra de persona o fuerza política alguna; que los actos que realicen las personas involucradas no deben tener por objetivo el obtener el respaldo para ser postulado como precandidatas a un cargo de elección popular; que la propaganda no debe tener el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral; que no deberán presentar la plataforma de un partido político o coalición o promover a una persona para obtener una precandidatura o candidatura; que no podrán utilizar prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión para dar difusión al proceso de selección de la coordinación de los CDCT”.

Cómo harán valer estas restricciones, cuando lo que se ha hecho y seguramente seguirán haciendo es justamente lo contrario, es la gran pregunta. Este acuerdo de la CQD del INE, que valida el proceso de Morena permitiendo que continúe, seguramente será impugnado y el Tribunal tendrá que resolver si se mantiene el mismo, con mayores restricciones, o de plano lo frena, con todas las consecuencias, de diversa índole, que eso acarrearía. Estas limitaciones a los servidores públicos y la regulación de las precampañas y campañas existen desde la reforma de 2007, cuyos principales contenidos fueron a solicitud y demanda de la oposición de izquierda de ese entonces, y que ahora se encuentran en el poder federal y en la mayoría de las entidades federativas, buscando mayor equidad en las contiendas electorales. Fue la demanda del ‘piso parejo’, que ahora piden los partidarios de Marcelo Ebrard al interior de Morena, pero no ocurre hacía afuera, con toda la inequidad que eso implica. Tomar toda la ventaja posible es el propósito político del oficialismo, pero con el enorme riesgo del rompimiento del orden constitucional y legal, el debilitamiento de las autoridades electorales, produciendo una suerte de ‘ley de la selva’, y ya sabemos quién es más fuerte; o bien, que el INE y el Tribunal resistan y nieguen el registro a la candidatura surgida de un proceso probablemente ilegal, con todas las implicaciones que eso tendría. En poco tiempo lo sabremos, y ojalá no se salga del cauce democrático.