Por el incendio y muerte de 39 migrantes en albergue del INM, se ejecutaron cinco órdenes de aprehensión

CDMX 30 de marzo de 2023.- Hasta el momento la Fiscalía Especializada ha solicitado seis órdenes de aprehensión, de las cuales cinco ya se ejecutaron, en contra de presuntos responsables del incendio registrado en un albergue del Instituto Nacional de Inmigración en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 migrantes de diferentes nacionalidades.

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas contra tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y una persona que inició el incendio, informó la titular de la Fiscalía Especializada, Sara Irene Herrerías..

La fiscal aclaró que no podía brindar más información sobre las detenciones ya que eso violaría la presunción de inocencia y podría obstaculizar la investigación.

La noche del miércoles Rosa Icela Rodríguez, secretaría de seguridad ciudadana, había informado que se investigaba la presunta responsabilidad de tres funcionarios –dos agentes federales y uno estatal de migración– y de cinco guardias de una compañía de seguridad privada que operaba en la estancia migratoria.

Los delitos por los que se abrió la carpeta de investigación son homicidio doloso, lesiones y daño en propiedad ajena. No obstante, en el desarrollo de la indagatoria podría acreditarse el delito de abuso de autoridad o malos tratos.

Pese a que las autoridades investigan a un migrante que habría prendido fuego a las colchonetas, provocando el incendio, la responsabilidad de los funcionarios y de los agentes de seguridad privada quedó en evidencia con la difusión de un video de una cámara de vigilancia, en donde se muestra cómo varios agentes se desplazaron por la sala sin intentar abrir la celda para dejar salir a las personas que estaban desesperadas por las llamas y el humo.

Castigo a responsables de la tragedia

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que no habrá impunidad. “Se va a castigar a los responsables”, dijo en el marco de su habitual conferencia matutina de este jueves.

Cuestionado por la prensa por la posibilidad de que dimita el titular del INM, Francisco Garduño, López Obrador afirmó que esperarían las conclusiones de la indagatoria. “Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde. Va a ser la Fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes”, añadió.

A la par de esclarecer la responsabilidad de Garduño en la tragedia, las autoridades podrían investigar el actuar del titular del INM en Chihuahua, el contraalmirante en retiro Salvador González Guerrero.

Según una denuncia penal presentada por el abogado Jorge Vázquez Campbell, consultada por AP, González Guerrero presuntamente “dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo”.

Esta tarde el Gobierno de México ofreció una conferencia de prensa para detallar el avance de la investigación del incendio, que dejó un saldo de 39 fallecidos y 27 lesionados, que aún permanecen hospitalizados.

La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó la nacionalidad de las víctimas fatales: son 6 hondureños; 7 salvadoreños; 18 guatemaltecos; un colombiano; y 7 venezolanos.

Además, la funcionaria detalló que hay 28 personas heridas, 27 de las cuales continúan internadas. De ellos, 5 son salvadoreños; 10 guatemaltecos; 8 hondureños y 5 venezolanos. Del total de lesionados, 18 están “graves”, ocho “delicados” y uno “estable”.

Empresa en la mira de las autoridades

Además, afirmó que se tiene identificada a la empresa de seguridad privada que operaba en el centro de detención de migrantes. Se trata de Grupo CAMSA S.A. de C.V. y dos de sus socios responsables son David Vicente Salazar Gasca y George McPhail.

De acuerdo a las autoridades, la firma solo tenía reportados a cuatro agentes y no contaba con permiso para portación de armas. Respecto a la compañía, se inició un proceso administrativo para aplicar sanciones, imponer una multa y revocar su permiso.