Pensión Bienestar llega a 11.4 millones de personas adultas mayores; casi un billón de pesos se han invertido para su pago
CDMX 27 de mayo de 2023.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que durante el sexenio gubernamental el gobierno de México ha invertido casi un billón de pesos para el otorgamiento de pensión a las personas adultas mayores, quienes con esa prestación pueden vivir de manera digna y con pleno goce de sus derechos constitucionales.
Su exposición la hizo al impartir la conferencia magistral “México firma y ratifica la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores: retos y oportunidades”, celebrada en el auditorio “Benito Juárez” del Congreso de la Ciudad de México.
Ante integrantes de la Comisión de Derechos Humanos informó que la pensión se entrega a 11.4 millones de personas derechohabientes, con inversión, hasta 2023, superior a los 975 mil millones de pesos, de los cuales, 339 mil 341 millones de pesos corresponden a este año, lo que significa cuatro veces lo destinado en los dos sexenios pasados juntos.
Hoy se entregan cuatro mil 800 pesos bimestrales a las personas adultas mayores, contra los 580 pesos que recibían en el pasado; y el padrón pasó de 5.1 millones a 11.4 millones, más del doble, a partir de los 65 años. En 2024, adelantó, serán seis mil pesos bimestrales. “Nuestro gobierno no da dádivas, ni lucra con la necesidad de los sectores más vulnerables. Por el contrario, los derechos de las personas adultas mayores son uno de los pilares de la política de bienestar”, dijo Ariadna Montiel.
Recordó que recientemente se depositó el instrumento de adhesión de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, “proceso que tardó una década porque los gobiernos del pasado tuvieron poco interés en atender a los sectores más vulnerables”.
El documento se firmó en 2015, pero hasta diciembre del año pasado la cámara alta avaló su adhesión, pese a que el artículo 17 de la convención señala que los Estados firmantes están obligados a garantizar una vida digna.
