Penas de 15 a 25 años de cárcel a los extorsionadores propone el diputado Ricardo Ferro Baeza
Guanajuato, Gto., 18 de enero de 2026.- Para sancionar más severamente el delito de extorsión en el estado de Guanajuato, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Gobierno del congreso local, Ricardo Ferro Baeza, presentó una iniciativa de reformas a la Constitución Política, Código Penal y Ley de Seguridad Pública.
Actualmente, ese delito se castiga con penas de 4 a 15 años de cárcel; el diputado Ferro propone que que el castigo sea de 15 a 25 años tras las rejas.
“La extorsión se ha vuelto parte de la vida diaria de muchas familias, comercios y trabajadores, que no solo afecta a su bolsillo, sino que también afecta la paz, la libertad y la confianza en el futuro. Frente a esa realidad no se puede seguir con leyes débiles o desactualizadas. Cuando el delito avanza el estado se queda atrás, quienes pagan el precio son las personas honestas del pueblo”.
En la exposición de motivos, la iniciativa establece que a lo largo de 2025 en la entidad guanajuatense se presentaron un promedio de cuatro denuncias diarias por extorsión.
“La iniciativa que se presenta propone una reforma integral, no es una modificación aislada, sino un ajuste a tres leyes fundamentales del estado: en primer lugar, se propone reformar la Constitución para establecer de forma expresa que la extorsión es un delito que amerita prisión preventiva. Esta medida busca proteger a las víctimas, a los testigos y a la comunidad, y evitar que el delito continúe mientras se desarrolla el proceso penal”. Permanentemente, Guanajuato se encuentra en la lista de los 10 estados con mayor número de extorsiones en el país.
“Es importante señalar que la extorsión ya se persigue de oficio, la armonización no cambia ese principio, sino que lo refuerza, lo clarifica y lo integra a un sistema nacional sólido, evitando vacíos legales y criterios confusos que hoy dificultan la persecución efectiva del delito”.
La reforma a la Ley de Seguridad Pública es para armonizarla con la federal para prevenir ese delito en coordinación con las tres instancias de gobierno. Las iniciativas fueron turnadas a comisiones para su estudio y dictamen.
