La renuncia de Zaldívar, la justicia y la democracia

Santiago López Acosta

El pasado 7 de noviembre, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea presentó al presidente López Obrador su renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adelantando prácticamente un año la culminación del periodo para el cual fue nombrado. ¿Por qué y para qué renuncia un año antes? ¿Impacta o no el sistema de impartición de justicia y la credibilidad del Poder Judicial y de la Corte? ¿Tiene consecuencias en el equilibrio y división de poderes en nuestra incipiente democracia?

Se ha señalado que el artículo 98 constitucional establece que los Ministros de la Corte solo pueden renunciar por causas graves, y esta disposición tiene sentido porque formar parte del máximo tribunal del país, además de constituir el Tribunal Constitucional de la Nación; no es cualquier cargo público, que se puede abandonar sin mayor responsabilidad, aduciendo que se ejerce el derecho humano de libre trabajo, al que se puede renunciar en cualquier momento y sin ninguna justificación.

Zaldívar no señala ninguna causa en su carta de renuncia, y por supuesto menos que sea grave, solo algunas razones y justificaciones de carácter personal y hasta políticas, que no alcanzan de manera alguna para colmar el dispositivo constitucional. El Presidente de la Republica ya se la acepto, faltaría el pronunciamiento del Senado, que la tiene que aprobar por mayoría relativa, trámite que seguramente no tendrá mayor problema de transitar con la mayoría que tiene el oficialismo.

Zaldívar mientras tanto sigue siendo Ministro, pero por su posicionamiento político al aparecer inmediatamente después con la presunta precandidata de Morena y aliados Claudia Sheinbaum, en una foto, dicen, que se tomaron un día antes, lo descalifica para seguir participando en las sesiones, reuniones y deliberaciones de la Primera Sala y en el Pleno de la Corte, hasta en tanto resuelva o no la renuncia el Senado de la Republica.

Después de haber aceptado que comparte el ideario político y programático del actual régimen gubernamental, seria cuestionable su participación y votos en todos los asuntos que conoció desde hace cinco años, al no cumplir con los principios constitucionales que juramento al protestar el cargo. No faltará quien inicie la exploración de esa ruta jurídica.

Después de aprobarse su renuncia vendrá el debate de por cuanto tiempo será el periodo de la nueva designada para ocupar su lugar, en virtud de que el Presidente de la Republica anuncio que enviara en su momento una terna integrada por mujeres, La Constitución y la legislación reglamentaria solo señala que ocuparan ese alto cargo por un periodo de 15 años, sin especificar el caso de renuncias antes de completar ese lapso, por lo que las posibilidades de interpretación están abiertas. En otros cargos se establecen diferentes supuestos, dependiendo del tiempo en que se presentan las vacantes, si es por el período completo, o para completar lo faltante del iniciado por el renunciante.

En este tenor, al dejar vacante su silla en la Corte un año antes, le otorga al presidente de la Republica una oportunidad adicional de proponer su sustituto, en un caso que le correspondería a su sucesor o sucesora el año venidero.

Se ha mencionado también que al inicio del presente sexenio el entonces Ministro Eduardo Medina Mora renuncio al cargo sin señalar tampoco la causa grave, pero en ese caso fueron evidentes las presiones y hasta amenazas cumplidas, como el congelamiento de sus cuentas bancarias y otras más, por si no lo hacía. Caso totalmente distinto al de Zaldívar.

Además de las motivaciones personales de Zaldívar, parecen evidentes las razones políticas de la renuncia, al incorporarse inmediatamente al equipo de la precandidata presidencial del oficialismo y hacen evidentes muchos de sus votos en favor de las causas y motivaciones del gobierno durante los últimos cinco años, lo que sin duda ponen en entredicho su actuación como Juez Constitucional y a su deber de imparcialidad, además de otros principios y valores. Lo anterior afecta sensiblemente el actuar reciente de la Corte e involucra y daña el prestigio y la imagen del Poder Judicial en su conjunto, aunque los otros órganos de este no tengan que ver directamente en su actuación.

Sigue estando en el ambiente las razones de fondo del actuar de Zaldívar y su decisión de renunciar, después de que durante toda su vida profesional fue un jurista independiente y de avanzada, que hizo importantes aportaciones en diferentes trincheras jurídicas, muy especialmente en la Corte hasta antes de la llegada del presente gobierno, impulsando criterios que rompieron paradigmas y que hoy siguen siendo referentes en materia de derechos humanos, como el caso  de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, Florence Cassez y su liberación, más no la de su pareja y cómplice, la legalización de la marihuana, los controvertidos asuntos del aborto y del matrimonio igualitario, la doble jornada, los cambio de apellidos y otros más. Ese impulso propositivo de criterios novedosos fue frenado por él mismo, pero se encamino a una reforma del Poder Judicial, la más importante de los últimos 25 años, según su dicho, pero no compartida por importantes actores jurídicos y políticos.

Sigue siendo inexplicable el Zaldívar que enfrento a Felipe Calderón, quien lo propuso a la Corte, al recibir presiones del entonces Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y luego haya sido tan abyecto, sumiso y entregado con el actual titular del Ejecutivo Federal. Las razones, intereses y circunstancias de ello siguen siendo un enigma y quien sabe si algún día lo sabremos. Como también, el haber echado literalmente a la basura toda una trayectoria profesional, por demás destacada, para convertirse en asesor, de no sabemos qué cosa, de la precandidata oficialista y luego ocupar que cargo en el próximo gobierno, si es que gana, porque para los más importantes tiene prohibición expresa durante dos años posteriores a su separación.

Lo evidente es que su decisión de renunciar ahora afecta a la justicia nacional, a la Corte y la cuestionada división de poderes de nuestra frágil democracia.