La reforma del Poder Judicial
Santiago López Acosta
Después del amplio triunfo del oficialismo en las recientes elecciones que, por los resultados para el Congreso de la Unión, no le alcanzaría para lograr la mayoría calificada en ambas cámaras, sin embargo, con propaganda y una aplicación sesgada de la Constitución pretenden que el 54% de los votos se conviertan en el 75% de los integrantes de la Cámara de Diputados, porcentaje requerido para reformar por sí solos la Carta Magna.
Por eso, el presidente de la república retomo su iniciativa de 18 reformas constitucionales del pasado 5 de febrero, donde se incluye la del Poder Judicial Federal, que más que reforma propone su destrucción y crear otro que pueda controlar.
Después de 30 años de la importante reforma presentada por Ernesto Zedillo al inicio de su mandato, que transformo la Suprema Corte en Tribunal Constitucional, se incluyó las Acciones de Inconstitucionalidad, se perfecciono las Controversias Constitucionales, se creó el Consejo de la Judicatura Federal y la hasta ahora relevante carrera judicial, entre otros importantes cambios, que contribuyeron a la construcción y consolidación del Estado de Derecho del México contemporáneo, ahora se busca desmantelar todo ese andamiaje institucional de impartición de justicia, que tanto esfuerzo y recursos le ha costado al país.
Sin ningún diagnostico ni análisis, solo prejuicios y ánimo revanchista porque el Poder Judicial le freno muchas de sus decisiones gubernamentales, el cual solo cumplió sus funciones y responsabilidades, por no ajustarse a la Constitución y a las leyes, el presidente no solo busca venganza, sino también tener jueces a modo, que no cuestionen nada de sus pretensiones de cualquier naturaleza.
Un estudio muy serio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM presentó una puntual disección de las iniciativas de febrero pasado, señalando sus inconsistencias, pero sobre todo sus graves consecuencias de llevarse a cabo, es descalificado sin más por el presidente, sin ofrecer mayor argumento ni información, como suele hacerlo contra todo aquello que lo critica y que no se pliega a su particular punto de vista.
Elegir por voto popular a los jueces, contenido central de la propuesta, no se aplica en ninguna parte del mundo, por razones más que obvias, para desempeñar funciones técnicas, especializadas y profesionales, desvinculadas de los intereses políticos, económicos y de cualquier otra naturaleza, objetivos que jamás se podrán alcanzar a través de procesos donde puede intervenir el gobierno, los partidos políticos y grupos organizados con intereses lícitos, pero también ilícitos. La única excepción es el caso de Bolivia, y hay múltiples evidencias del rotundo fracaso como sistema judicial, con jueces que responden a los intereses del partido en el poder, además de la absoluta carencia de legitimidad electoral, donde más del 60% de los bolivianos anulan su voto, al ser este obligatorio.
El riesgo del involucramiento del crimen organizado en la elección de jueces, promoviendo y poniendo a sus allegados, si se llega a concretar la propuesta, es altísimo, como lo han señalado diferentes actores e instituciones, nacionales e internacionales, como la propia DEA, la agencia norteamericana contra las drogas, misma que también fue descalificada por Lopez Obrador. Esa denostación, por sí misma, no elimina la terrible amenaza señalada.
No sabemos que puede ser más grave, jueces que respondan a los intereses del régimen o a los de la delincuencia organizada, o de ambos, que tal vez se confundan, pero en cualquiera de esos escenarios significaría la destrucción de un sistema de justicia federal que ha funcionado, con todas sus deficiencias e imperfecciones, que por supuesto tiene.
Fiel al estilo de un régimen demagógico y populista, organizando encuesta y consultas que de antemano sabemos los resultados, se realizaron algunas solicitadas por el partido en el poder, donde destaca una respuesta, que aparentemente se les salió de control, en la que más de la mitad de los encuestados responden que no conocen la propuesta de reforma. Ese porcentaje probablemente se quede corto, porque la población en general no está familiarizada con cuestiones técnico-jurídicas, y su experiencia y vinculación con lo que entienden como justicia se refiere a las fiscalías y los poderes judiciales de las entidades federativas, lo que comúnmente se conoce como la justicia cotidiana, que no se preguntó en esas encuestas, ni forma parte, por el momento, de la iniciativa presidencial.
Lo que no pudieron frenar los partidos opositores en la pasada elección, después de su rotundo fracaso en forma consecutiva, en 2018 y 2014, la llegada y probable consolidación de un régimen, supuestamente de izquierda, con claras intenciones de regresión autoritaria y de reconfiguración de un viejo régimen, que Vargas Llosa califico como la dictadura perfecta, lo están intentando los agentes económicos y los mercados financieros, nacionales, pero sobre todo internacionales, de una iniciativa que impacta directamente la certeza y la seguridad jurídica de las inversiones, la fluctuación de la moneda, la confianza y estabilidad económica. Un signo muy negativo en la materia es que algunas importantes empresas están anunciando que en el corto plazo se estarán mudando del país, buscando lugares que les ofrezcan garantías y seguridad, nacional y publica, como también jurídica, valores y circunstancias que ya no están viendo en nuestro país. Es obvio mencionar que con esto se está desaprovechando la extraordinaria oportunidad del llamado nearshoring o relocalización de inversiones, con los reacomodos internacionales y las diferencias y disputas entre los dos gigantes del mercado mundial, los Estados Unidos y China.
Es una de las partes medulares que impacta la reforma judicial en curso, donde el presidente en funciones insiste en que se apruebe antes de irse, en septiembre próximo, la inestabilidad económica que esto provoca, y la virtual presidenta electa, intentando realizar control de daños. Mientras el primero apura su aprobación sin cambios sustantivos, la segunda anuncia un parlamento abierto, que podría ser nuevamente otro ejercicio de simulación, como ha sucedido en el pasado reciente. Se vaticina un septiembre de terror para el país.
