Invalida SCJN la transferencia GN a Sedena y determina regresarla a la SSPC
CDMX 18 de abril de 2023.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría de votos invalidar la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Por ocho votos a favor y tres, en contra, los ministros determinaron que la GN debe regresar al control administrativo y operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Para fundamentar la medida se estableció lo que miles de voces han pregonado por todas partes del país: el artículo 21 de la Constitución define a la GN como una corporación civil, que debe depender de la SSPC.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien elaboró el proyecto aprobado, expuso:
“Se concluye que resultaría en un fraude a la Constitución Federal afirmar que esa institución policial conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial, si sus integrantes son militares en activo, sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario militar, desarrollando funciones militares y actuando bajo la normativa militar”.
A su vez la Ministra Presidenta, Margarita Ríos Farjat señaló que no es posible mantener a la GN como una corporación de carácter civil, si depende operativamente de los militares:
“Me resulta difícil imaginar que una institución de carácter civil, en este caso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, retenga la dirección de la Guardia Nacional si no posee el control operativo y administrativo. En mi entendimiento, una institución no puede ser dirigida en realidad sin tener control de su operación y su administración. Al ser castrenses estos controles la dirección también lo es y el carácter civil queda entredicho”,
Los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf fueron quienes votaron en contra.
Para regresar la Guardia Nacional a la SSPC se requiere de varios ajustes legales y operativos, por lo que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena planteó la necesidad de fijarle a los poderes Legislativo y Ejecutivo un plazo de varios meses para cumplir con la determinación de la Corte.
Por lo tanto, la ministra presidenta propuso al ponente que reelabore su proyecto en cuanto a los efectos de la sentencia, y los presente en la sesión del jueves próximo.
