Inteligencia Artificial, ¿el futuro nos alcanzó o rebaso?
Observatorio Ciudadano
Alfredo Sainez*
Las innovaciones tecnocientíficas en el devenir de la historia han impactado en el tejido social, sistemas de organización política y económica de las comunidades humanas desde la antigüedad hasta nuestros días, que van desde las invenciones de la rueda e imprenta hasta la biotecnología, nanotecnología, automatización e internet en la sociedad contemporánea, generando consecuencias, estabilizaciones culturales y nuevas formas comunicación en tiempo real a través de comunidades virtuales; la transición del lenguaje oral y escritural al lenguaje digital en las Sociedades de la Información y Conocimiento han dado testimonio fiel al incorporar la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta en diversos ámbitos; el sector público no es la excepción, particularmente, en la administración que constituye el “brazo ejecutor de los fines del Estado”. Empero, con la IA que se encuentra en los teléfonos celulares, computadoras, vehículos, cuentas bancarias, electrodomésticos, etc., ¿el futuro nos alcanzó o rebaso?, ¿a quienes beneficia o perjudica la IA?, ¿quiénes tienen acceso?, ¿de cuánto es la brecha digital?, ¿su uso impactará de manera progresiva en el mercado laboral?, ¿va a desplazar al ser humano?, ¿qué hay detrás del desarrollo de estas tecnologías de IA? y ¿cuáles son los retos, oportunidades y dilemas éticos de la IA en los gobiernos?
Sin duda, hay más preguntas que respuestas. Lo cierto es que en la historia de los conceptos y categorías, los significados han variado a lo largo del tiempo y el espacio; la herramienta y categoría de Inteligencia Artificial (IA) acuñado por John McCarthy en el año de1956, no es la excepción debido a que se considera una rama de la informática y ciencia de la computación que busca crear máquinas y sistemas capaces de realizar tareas que requieren de la inteligencia humana, con el propósito de realizar algoritmos que permitan a las máquinas aprender, razonar, percibir, adaptarse, predecir, planificar y tomar decisiones autónomas de manera similar a como lo hacen los seres humanos, cuyo aprendizaje automático permite mejorar su rendimiento en una tarea específica a través de la experiencia y análisis de datos. Esta definición y otras más de IA tenderá a cambiar con los avances e innovaciones tecnocientíficas que se vayan dando. Por el momento, cabe preguntar: ¿los algoritmos tienen sesgos (género, edad, etc.)? Y, por ende, ¿podrían provocar discriminación? Indiscutiblemente, las tecnologías de la IA no tienen un valor neutral.
Con este corte de miras, resulta conveniente repensar en la implementación de la IA en el sector público, en los imperativos legales, racionales burocráticos y consensuales; sin menoscabo de las racionalidades lingüísticas, lógico formal, pragmática (económica), teleológica y ética que deben considerarse en el proceso de elaboración de la legislación, en virtud de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha planteado una serie de recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial debido a que no solo aporta grandes beneficios en muchos ámbitos, sino también, se corre el riesgo de reproducir prejuicios, discriminación, divisiones y amenazas a los derechos humanos y libertades fundamentales sin ética.
En este tenor, la UNESCO se ha trazado como objetivo el logro “de una gobernanza eficaz y ética de la IA mediante la adopción de una ambiciosa normatividad global en 2021 y liderando su aplicación por parte de los Estados miembros”, a través de herramientas y metodologías innovadoras.
Con antelación, desde el año 2018, el gobierno mexicano incluía a la IA en la estrategia nacional digital y apoyo la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que solicitaba a los países a analizar el impacto de los avances tecnológicos; sin embargo, México −como muchos otros países miembros de la UNESCO− no cuenta con leyes federales y locales que regulen la IA. A lo mucho, 9 estados cuentan con leyes que hacen referencia al Gobierno Digital, 3 entidades federativas al Gobierno Electrónico y solo los estados de Guerrero y Tlaxcala tienen leyes en materia de Gobernanza Digital, en donde se establece la articulación entre Estado y sociedad civil para mejorar el ejercicio de las competencias gubernamentales, alcanzar la cooperación y optimizar los recursos de los involucrados mediante la implementación de programas, planes, estrategias, modelos de actuación, uniformidad de criterios y plataformas, aplicando y aprovechando los beneficios del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones.
En este contexto y sin pretender vulnerar la soberanía del régimen interior de los estados, resulta conveniente reflexionar de manera sistemática, dinámica, multidisciplinar, interdisciplinar, intra disciplinar, multicultural y plural sobre el desarrollo tecnológico, fundamentalmente, analizar de manera seria la conveniencia o no, de estandarizar conceptos y categorías que regulen, articulen y coordinen la IA como una materia y facultad concurrente en los distintos órdenes de gobierno, tanto federal como estatales y municipales, de manera vertical, horizontal y transversal por medio de una Ley General en este rubro −previa reforma al artículo 73 constitucional, que faculte al Congreso federal a legislar sobre la IA−, que propicie la sinergia de un sistema de comunicación mediante un lenguaje racional lingüístico, jurídico, pragmático, teleológico, ético y político común, que integre a los editores, destinatarios, operadores del sistema normativo, fines y valores, bajo los principios de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás”, “universalidad” e “integralidad”, ciñéndose al control de convencionalidad con ciertos valores humanos fundamentales comunes, en particular, al marco internacional de derechos humanos, antes de que el vértigo de los cambios y futuro nos siga rebasando.
Tampoco podemos desarrollar tecnología de la IA y dejarla sin control. Todos los actores implicados en el proceso de la formulación, implementación, ejecución y supervisión de las políticas públicas en esta materia deberán ser corresponsables de su eficacia y eficiencia durante todo el ciclo de vida del desarrollo de la IA, de su buen servicio público, bienestar social y defensa de los derechos humanos.
Por lo pronto, habrá que seguir de cerca y estar atentos a la Primera Jornada de Reflexión sobre IA, titulada, Retos, oportunidades y dilemas éticos de la Inteligencia Artificial en Gobiernos, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de octubre del año en curso en las instalaciones de El Colegio de Jalisco. Anexo registro en: Formulario de registro a la Primera Jornada de Otoño sobre Inteligencia Artificial – El Colegio de Jalisco (coljal.mx)
Alfredo Sainez
*Doctorado en Pedagogía por el Colegio de Estudios de Postgrado del Bajío (CEPOB); Maestría en Innovación y Gestión Pedagógica por el CEPOB; Maestría en Administración Pública por el INAP-México; Maestría en Derecho Parlamentario por la Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO); Especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la BUO; Máster en Los Retos del Constitucionalismo en el Siglo XXI por la Universidad de Barcelona; Asesor Experto en Conocimiento, Ciencia y Ciudadanía en la Sociedad de la Información por el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona; Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Catedrático de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Correo electrónico: alfredosainez@gmail.com
