Iniciativa panista para combatir la extorsión; quien gobierna son las autoridades, no la delincuencia: diputado Romero Hicks

Diputado Juan Carlos Romero Hicks.

Guanajuato, Gto., 4 de septiembre de 2025.- Para presentar una lucha más sólida y al parejo del gobierno federal en contra de la extorsión, esta mañana el Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) presentó una iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado.

Al dar lectura a la exposición de motivos, el diputado Juan Carlos Romero Hicks subrayó que ese ilícito es uno de los peores flagelos que azotan al estado y que por lo tanto urge hacerle frente.

“Guanajuato es uno de los estados que tiene mayores flagelos de extorsión. La extorsión, ya sea telefónica, por cobro de piso, por derecho de paso, está presente en la mayoría de las estructuras criminales del país; en algunas ocasiones, prácticamente ha afectado a gran parte de las familias que conocemos”.

Subrayó, que quienes incurren en el delito de extorsión automáticamente se convierten en sustituto del Estado, que ilegalmente cobra por cualquier actividad ciudadana.

“Amenaza, sanciona, cobra y en algunos casos hasta protege, todo a cambio de una cuota. Es una soberanía criminal adaptada a una ausencia institucional de omisiones locales, de omisiones nacionales, no es el centralismo, pero tenemos que tener una coordinación mejor, como lo señala Ángeles Mastreta: Nada ganamos por separado para caer vencidos juntos”.

La respuesta a las organizaciones criminales –dijo- debe ser clara y contundente, tanto de palabra como en los hechos.

“Y tenemos que enviar un mensaje de que quien gobierna son las autoridades locales y no quien está en ocasiones en control del territorio. Los mexicanos no queremos adaptarnos a vivir bajo la extorsión, si el Estado no recupera su papel como garante de la vida y del patrimonio, la normalización del miedo sería irreversible, la solución no está en centralizar el poder, sino en reconstruir el pacto institucional e estados y municipios, de lo contrario, habríamos fracasado”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

 

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