¿Están en riesgo las elecciones?
Santiago López Acosta
El tema de la violencia y la inseguridad, que permea buena parte del territorio nacional, ha impregnado al proceso electoral en curso, incluso para ser considerado como el más violento de la historia, por el gran número de candidatos y actores políticos asesinados hasta el momento, además del múltiple número de amenazados, que por ese motivo han renunciado a sus candidaturas, es sin duda el principal problema que pone en riesgo las elecciones de este año.
Si a esto le agregamos la muy probable intervención de la delincuencia organizada en las mismas, como ya sucedió y se acredito en el 2021 en varias entidades ubicadas en el pacífico mexicano, esta problemática se hace mucho más compleja. Con mayor razón cuando las instancias gubernamentales responsables de atender estas graves amenazas no hacen prácticamente nada para contrarrestarlas. Lo menos que esperamos es que podamos salir a votar en paz y con seguridad el próximo dos de junio.
También existe en el ambiente político, electoral, jurídico, pero sobre todo constitucional la controversia que puede surgir para la calificación de las elecciones, sobre todo la presidencial, de las cámaras del congreso de la unión y de las nueve gubernaturas en disputa, por la incompleta integración de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como otro inminente y grave riesgo.
Desde finales del año pasado a la sala superior del TEPJF le faltan dos de sus siete integrantes, como también uno de cada una de las seis salas regionales que lo componen, además de integrantes de todos los tribunales electorales estatales de la república, durante más de dos años, algunos hasta por más tiempo, dentro de los cientos de nombramientos en organismos constitucionales que ha dejado de hacer el Senado de la Republica.
Si bien es cierto que el responsable directo de esa omisión es ese órgano legislativo, es ampliamente sabido la dependencia que han mantenido las mayorías parlamentarias de ambas cámaras del Congreso de la Unión de las instrucciones dictadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal. No la muevan ni una coma a las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, ha sido una de las principales indicaciones que se han hecho públicas, y se cumplieron ciegamente por los grupos parlamentarios de Morena y aliados.
De que no se nombren los integrantes faltantes de los tribunales electorales, existen indicios claros de que es también una instrucción presidencial, con el propósito de mermar su funcionamiento y afectar su actuación y atribuciones constitucionales y legales, en sus importantes responsabilidades de resolver las controversias y calificar las elecciones en curso.
La Constitución señala que la Sala Superior del TEPJF requiere por lo menos 6 integrantes para la calificación presidencial, situación resuelta por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que permite llamar a algún magistrado de las salas regionales, el de mayor antigüedad o de mayor edad, para integrar esa sala. Es cierto, pero eso también tiene sus bemoles, por la actual mayoría de 3 magistrados, incluyendo a la presidenta de esta, que se les identifica afines al oficialismo, y puedan llamar a un magistrado de sala regional más identificado con ellos.
Otro riesgo para las elecciones es el permanente intervencionismo que ha hecho y seguramente seguirá haciendo el presidente de la república en el proceso electoral, expresamente prohibida en la Constitución.
A Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto el TEPJF les hizo un par de señalamientos de intervencionismo, respectivamente, durante sus correspondientes mandatos. A Vicente Fox también, aun y que la Constitución no lo prohibía en ese entonces, se señaló expresamente en la calificación presidencial de 2006, que puso en riesgo la validez de esta.
Con esos precedentes que podemos esperar cuando el actual presidente de la república ha sido denunciado más de 150 ocasiones, se le han aplicado 43 medidas cautelares y condenado en más de 30 sentencias por el TEPJF, por su reiterado y sistemático intervencionismo en el proceso electoral, configurando desde ahora, una eventual causal de nulidad de la elección, en caso de gane su candidata. Ese escenario lo esta previendo el presidente denominándolo golpe de estado técnico con la ayuda del poder judicial.
El intervencionismo presidencial es obviamente para favorecer a su candidata y a su partido, atacar y demeritar a la candidata y a los partidos de la principal oposición; pero está perjudicando a sus afines, y no se podrá alegar a su favor, para el caso de que gane la oposición.
Otro riesgo es la muy probable operación de todo el aparato del Estado, del gobierno federal, de los gobernadores y alcaldes de Morena y aliados, con sus estructuras y programas para favorecer a los candidatos de los partidos de la coalición oficialista, en lo que se ha llamado una elección de Estado. Tan solo el gobierno federal cuenta con más de 20 mil de los llamados siervos de la nación, que es un conglomerado de servidores públicos para operar los programas sociales, pero todo mundo sabemos que es una estructura electoral al servicio del oficialismo, que ningún gobierno había tenido, ni en el viejo PRI hegemónico de hace cuatro décadas, tan añorado por el actual régimen.
Po otra parte, sigue siendo un enigma cual será la actitud y el papel que desempeñen las Fuerzas Armadas ante cualquiera de los escenarios de los resultados electorales, después de que el presidente de la república, contra todas su promesas y compromisos de campaña, los ha involucrado en cuanta actividad pública o privada se le ocurra, destinándoles cuantiosos recursos económicos, que seguramente han sido botín para la corrupción de buena parte de la cúpula militar. Sin embargo, dentro de la milicia hay diferencias, por lo que no se puede saber si reaccionaran de manera uniforme y disciplinada.
Estos riesgos son reales, solo los podremos contrarrestar los ciudadanos, saliendo a votar masivamente y defender los votos, no tenemos alternativa.
