Estado de derecho al límite para el proceso electoral
Santiago López Acosta
Como lo hemos dicho en esta columna, el Estado de Derecho es una pieza fundamental del Estado Constitucional y Democrático, sin el cual no es posible su existencia.
En el Estado de Derecho o Estado Constitucional se encuentran primero los individuos, como sujetos autónomos y dignos de ser titulares de derechos fundamentales, y solo después, para proteger estos derechos, se ubican las potestades estatales. La legitimidad del poder y de las normas jurídicas dependen del respeto y de la garantía de los derechos humanos.
En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de finales del siglo XVIII (así se llamó originalmente, pero luego se modificó para referirse a todas las personas), en su artículo 16 señala tajantemente que todo Estado que se precie de tener una Constitución debe contemplar la declaración de derechos fundamentales de las personas y una división de poderes.
El Estado de Derecho, de manera simple y llana, consiste en respetar la Constitución y las leyes que de ella derivan, por todos los actores políticos y sociales, y que las instituciones que tienen que hacerlos valer y respetar, cuenten con las garantías para cumplir su cometido en paz y armonía, independientemente de quien sea el trasgresor, por mucho poder que tenga.
Sin embargo, con años de antelación el oficialismo inicio su proceso de selección de quien será su candidata o candidato a la presidencia de la República, violentando diversas disposiciones constitucionales y legales y con la intromisión abierta de diversos servidores públicos, sobre todo de los interesados en obtener esa nominación. Esto se intensifico hace poco más de un mes con el inicio formal del proceso de selección del Coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación, que no es otra cosa que su precandidato presidencial.
La oposición está haciendo lo propio, con la constitución del Frente Amplio por México y el proceso de selección de su respectivo Coordinador, quien será el correspondiente precandidato al mismo cargo. En ambos casos los procesos concluirán la primera semana de septiembre.
La semana pasada la Sala Superior del Tribunal Electoral tuvo una sesión crucial para resolver ambos procesos, donde la magistrada ponente Janine Otálora, propuso que se ordenara suspender tanto la competencia entre las llamadas “corcholatas”, como el proceso que están llevando a cabo los aspirantes a convertirse en candidato del frente opositor, con el argumento de que se trata de estrategias para realizar precampañas disfrazadas que tienen como finalidad elegir a la persona que contendrá como candidata a la presidencia de la república por cada fuerza política. Propuso la suspensión total e inmediata de los procesos denunciados, de ambas fuerzas políticas, y de todos los actos que se vinculan a estos, así como el retiro de toda difusión o propaganda.
Sin embargo, en la votación se quedó sola, pues sus tres compañeros en la sesión (solo participaron 4 de los 7 integrantes) tuvieron una posición distinta y mantienen los respectivos procesos y ordenaron al INE emitir lineamientos para evitar trasgresiones a la legislación electoral y se genere inequidad.
La mayoría de los magistrados validaron legalmente lo que en la práctica todos sabemos, en ambos caos son ejercicios de simulación, tenemos precampañas que oficialmente no son precampañas, espectaculares y bardas de las “corcholatas” que no son propaganda electoral, mítines que no se consideran como tales, sino asambleas informativas, aspirantes que buscan la presidencia de la república, pero oficialmente pretenden ser coordinadores, de la Cuarta Transformación o del Frente Amplio, respectivamente.
Este mismo Tribunal, en su sesión del 11 de julio ya habían dado luz verde a que Morena y sus aliados pudieran seguir haciendo precampaña, siendo consistente la magistrada Otalora, pero no así el Presidente de este, Reyes Rodríguez, que en esa ocasión votaron en contra.
El Consejo General del INE, también la semana pasada, aprobó por mayoría de 7 contra 4 votos, fiscalizar los gastos de las “corcholatas”, más de un mes después de haber iniciado formalmente el proceso de selección, de los cientos de espectaculares, miles de bardas y múltiples artículos promocionales repartidos a lo largo y ancho de la república mexicana, que tendrán que ser considerados dentro de los gastos de precampaña y campaña, en su caso y en su momento, y no es eximente el simplemente decir que ella y ellos no los mandaron poner y pagar, y que fueron simpatizantes, poderosos económicamente, quienes lo hicieron por su cuenta, sin identificarlos.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE también ha dado mucho de qué hablar, con resoluciones variopintas, algunas cuestionadas, como la más reciente votada a favor de 2 contra 1, de la presidenta de esta, Claudia Zavala, para no considerar como violencia política en razón de género, los últimos ataques del presidente de la Republica contra la senadora Xóchilt Gálvez.
Las máximas autoridades electorales de nuestro país, el Consejo General del INE y la Sala Superior del Tribunal Electoral han tenido, por lo menos vaivenes, en sus acuerdos y resoluciones, en términos de cuestionarse su constitucionalidad y legalidad, consistencia, congruencia y persistencia en la argumentación, en la defensa del Estado de Derecho, y no pretender ajustar el Derecho a una realidad política, como si esta se tenga que reconocer y prevalecer.
El proceso electoral 2023-2024 todavía no inicia y ya tenemos una serie de situaciones, asuntos y circunstancias que lo están marcando, esperemos que el rompimiento del Estado de Derecho no sea uno de ellos. Por el bien del país, de la República, por el bien de todas, todos y todes.
