Es la sobrerepresentación estúpido

Santiago López Acosta

Una de las habilidades y capacidades más efectiva y eficiente del presidente López Obrador durante su sexenio es sin duda la de marcar la agenda pública a través de su narrativa mañanera cotidiana, decidiendo lo que le importa e interesa de cualquier tema, pero sin perder de vista que absolutamente todo ha tenido propósitos político-electorales, de ahí el gran éxito en los resultados de la pasada elección para su causa, su partido y candidata y candidatos, en su gran mayoría. Su principal preocupación y ocupación fue esa y sin duda le resulto muy exitosa.

Es muy conocida su habilidad de desviar la atención de los grandes y graves problemas nacionales, enfocando su discurso en otros temas, muchas veces triviales, para no abordar aquellos, con tal de que no afecten su imagen, popularidad y la investidura presidencial, según él. Propósitos políticos, personales y de su muy particular incumbencia, aunque no tengan que ver con sus responsabilidades institucionales, del gobierno y la administración pública federal.

Lo anterior viene a colación porque haciendo gala de esa capacidad y valiéndose de los resultados electorales preliminares, apenas 3 días después de las elecciones, puso a la secretaria de gobernación, violentando la Constitución y las leyes, como ha sido su práctica recurrente durante el sexenio, a exponer que con esos datos alcanzarían la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y a unos cuantos votos en el Senado de la Republica.

A partir de ese hecho se desató toda una embestida propagandística de que con esa mayoría el oficialismo podría modificar por sí solo la Constitución y supuestamente hacer realidad su denominado Plan C, plasmado en las 20 iniciativas de reforma constitucional presentadas el 5 de febrero pasado.

Recordando la campaña de Bill Clinton en 1992, su estratega James Carville diseño tres mensajes simples: “Cambios vs más de lo mismo: es la economía estúpido; y no olvidar el sistema de salud” Los eslóganes resultaron decisivos para derrotar a Bush, y la segunda es la que ha trascendido y se ha adaptado a diferentes variantes. Por lo que la retomamos, parafraseamos y adaptamos a la circunstancia presente en la política mexicana.

El presidente da por hecho que podrá modificar la Constitución a su antojo en septiembre próximo, un mes antes de cumplir su mandato, por lo que reinicio la embestida contra el Poder Judicial con su descabellada propuesta de que todos los jueces deben ser electos popularmente, lo cual genero inestabilidad económica y financiera, misma que fue controlada transitoriamente por la virtual presidenta electa diciendo que no se aprobaria al vapor y se convocó a un parlamento abierto.

A partir de entonces la discusión pública nacional ha estado centrada en la destrucción, denominada reforma del Poder Judicial, en los foros que se están celebrando en varias partes del país, en la denostación de los jueces, calificándolos de todo tipo de barbaridades y haciéndolos responsables, por supuesto injustamente, de gran parte del desastre nacional. Un verdadero despropósito.

Pero muy pocos analistas y escasos actores políticos se han centrado en el asunto medular y de fondo, del que depende que el oficialismo pueda tener o no mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en la asignación de senadores, pero sobre todo los 200 diputados por representación proporcional, que lo hará el Consejo General del INE los primeros días de agosto y resolverá las impugnaciones correspondientes la Sala Superior del Tribunal Electoral, a más tardar el 23 del mismo mes.

La Constitución general de la República, en su artículo 54, establece un límite a la sobrerrepresentación del 8 %, pero el gobierno busca darse un exceso de diputados sobre ese tope.

De acuerdo con los datos del cierre del PREP del INE, para la Cámara de Diputados, Morena obtuvo 40.4 %, el Partido del Trabajo 5.4 y el Partido Verde 8.3, en total reúnen 54.1 %. Con esos datos el gobierno anunció que su coalición estaría por recibir 372 diputados, el 74.4 %. Una sobrerrepresentación del 20.3 %. La pretensión es inflar el peso de los tres partidos de la coalición gubernamental y reducir el peso de los votos por los tres partidos opositores que conservan su registro al traducir esos sufragios en curules.

La distorsión de la voluntad popular sería enorme. Implicaría que la segunda fuerza política más votada, el PAN, tuviera menos diputados que el PVEM, aunque tuvo más del doble de sufragios ciudadanos. Se estaría sobrerrepresentando tanto al Verde hasta el grado de convertirlo en la segunda bancada, aunque es la quinta fuerza en votación popular. Y el partido con registro menos votado, el PT (con 5.8 % de la votación nacional emitida) se le otorgaría la cuarta bancada, con más legisladores que el PRI y Movimiento Ciudadano que recibieron muchos más sufragios populares. Se trataría de un ejercicio para sobrecargar el peso de los votos, al traducirlos en curules del gobierno y de comprimir al mínimo los votos populares depositados a favor de la oposición. Sería atentar contra el principio de igualdad del voto en que se sustenta la democracia.

El oficialismo dice que el límite de ocho puntos en exceso de la Constitución sólo aplica a partidos y no a coaliciones. Pero omiten decir que cuando la cláusula contra la sobrerepresentación se incorporó a la Constitución en 1996, la ley electoral reglamentaria, el COFIPE, señaló en su artículo 60, párrafo 4: “A la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido”. Al ser una coalición tratada como partido, la disposición constitucional aplica para ambos, la cual no se modificó. Está muy claro, pero el intento de agandalle autoritario del oficialismo es evidente.

Ese es el tema central del momento, no el entretenimiento de los foros y debates sobre la reforma al poder judicial, donde además a las opiniones y voces discordantes, poco o nada les harán caso.

Jueces y magistrados federales anuncian que impugnarán la pretendida reforma judicial y la probable sobrerepresentación en instancias internacionales, dando por hecho que tanto el Consejo General del INE como la Sala Superior del Tribunal Electoral cederán a las pretensiones del oficialismo. Mala señal de los juzgadores federales, primero se debe dar la batalla en las instancias nacionales.

Los partidos políticos opositores están más ocupados en sus crisis y conflictos internos y solo el Frente Cívico Nacional, en voz de Guadalupe Acosta Naranjo, ha convocado a manifestaciones en las instalaciones de los organismos electorales cuando aborden este importantísimo asunto.

SI logran tramposamente la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, sería la antesala de la demolición del orden constitucional vigente, la separación de poderes, la autonomía de las autoridades electorales y la independencia de los poderes Legislativo y Judicial frente al Ejecutivo, en suma, del régimen democrático.