Enfrentamiento entre cárteles: “mayos” vs. “chapitos
Observatorio Ciudadano
Alfredo Sainez*
Este 25 de julio se cumple un año de haber sido entregado Ismael Zambada García alias el “El Mayo” a las autoridades estadounidenses por Joaquín Guzmán García, otro de los hijos de “El Chapo” Guzmán Loera, quién también fue detenido; a partir de entonces se ha desatado un enfrentamiento entre las facciones de los “Mayos” y “Chapitos” en el estado de Sinaloa, particularmente en el municipio de Culiacán. Pero ¿qué hacer ante la rivalidad y disputa por el “territorio” entre cárteles? ¿cuál debe ser el papel y la posición de las autoridades, fundamentalmente, del Estado mexicano?
Luego de haber sido emboscado “El Mayo” y trasladado a los Estados Unidos en un avión privado y entregado a las autoridades estadounidense por Guzmán García se ha desatado el enfrentamiento entre las facciones de Ismael “El Mayo” Zambada y “Los Chapitos”; a la par, según fuentes oficiales, hasta junio de 2025 se han registrado 2,059 muertes de personas, de manera violenta, las cuales han sido tipificadas como homicidios dolosos, además de 5, 700 robos de vehículos y numerosos casos de desapariciones forzadas relacionadas con el conflicto.
Sin duda, la inseguridad pública es un problema multicausal y complejo, que desde hace por lo menos dos décadas se ha superpuesto a otros problemas −pobreza y corrupción− que subyacen en la agenda política; no es exclusivo de un municipio, entidad federativa o del gobierno federal, razón demás para contar con un diagnóstico integral que permita conocer, diseñar y construir prospectivamente una política de Estado debido a que la seguridad pública es una materia concurrente para los tres órdenes de gobierno, más aún para los municipios, que la tienen asignada como función y servicio público, respectivamente, en los artículos 21 y 115 de la Constitución federal.
Los municipios son la célula básica por excelencia de la sociedad, lo más cercano a la gente, base territorial de la organización política y administrativa que tienen los estados de la República, que cuentan con libertad hacendaria, presupuestaria y potestad reglamentaria; sin embargo, constituyen el eslabón más débil entre los órdenes de gobiernos a cargo de la fusión de seguridad pública.
En este contexto, el Estado mexicano, particularmente el gobierno federal y los 32 gobiernos estatales, deben atender al eslabón más débil, a los municipios, para garantizar la seguridad pública a la población, diseñando con un enfoque integral un entorno más seguro y cohesionado para la construcción de la seguridad y la paz desde el marco normativo, a partir del seguimiento a la implementación de los programas de prevención a cargo de los municipios.
Este es el reto.
Alfredo Sainez
*Doctorado en Pedagogía por el Colegio de Estudios de Postgrado del Bajío (CEPOB); Maestría en Innovación y Gestión Pedagógica por el CEPOB; Maestría en Administración Pública por el INAP-México; Maestría en Derecho Parlamentario por la Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO); Especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la BUO; Máster en Los Retos del Constitucionalismo en el Siglo XXI en la Universidad de Barcelona; Asesor Experto en Conocimiento, Ciencia y Ciudadanía en la Sociedad de la Información por el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona; Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Catedrático de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Correo electrónico: alfredosainez@gmail.com
