Embestida política contra el Poder Judicial
Santiago López Acosta
Estamos presenciando la embestida política más fuerte que se tenga registrada de dos poderes del estado, el Ejecutivo y el Legislativo, contra el Poder Judicial, en el presente régimen, intensificada este año y en las últimas semanas con la aprobación en la Cámara de Diputados de la desaparición de 13 fideicomisos, que afectan derechos laborales y de seguridad social de más de 50,000 trabajadores, adquiridos de antemano y con sus aportaciones, además de algunas otras prestaciones.
En términos jurídicos no hay debate, pues está muy claro que no se pueden afectar derechos fundamentales de los trabajadores del Poder Judicial con un albazo legislativo, en el cual ni siquiera se cuidó el procedimiento parlamentario, motivo por el cual se han venido abajo otras reformas aprobadas recientemente y declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte. Esto se desencadenará, una vez que la mayoría en el Senado de la Republica lo apruebe, muy probable esta misma semana, la desaparición de los fideicomisos y el Ejecutivo promulgue y publique lo correspondiente.
Por ende, ya se están presentando amparos y preparando miles más, de parte de los trabajadores afectados, además de acciones de inconstitucionalidad, mismas que presentaran las oposiciones, los cuales resolverán Jueces de Distrito y la Suprema Corte, respectivamente, y no se necesita ser pitonisa para adelantar en qué sentido fallaran, ante las evidentes, fragrantes y claras violaciones a la Constitución.
Por tanto, esta embestida contra el Poder Judicial se ubica eminentemente en el terreno político, que es donde se está dirimiendo y se tendrá que resolver, en su caso. El Ejecutivo inicio la embestida desde principio de año con el nombramiento de la ministra Norma Lucia Piña Hernández como presidenta de la Corte, su propuesta de que los jueces, magistrados y ministros sean electos popularmente, como parte de denominado plan C electoral para alcanzar la mayoría calificada de las cámaras del Congreso de la Unión en 2024, y ahora la iniciativa de reducir el presupuesto del propio Poder Judicial para el próximo año y absorber los recursos de sus fideicomisos.
Lo ha convertido desde ahora en consigna d
e campaña, cuya presunta sucesora lo replica religiosamente, junto a todos sus apoyadores. Una propuesta con si fueran opositores, pero aquí la diferencia es que se hace desde el poder.
La respuesta del Poder Judicial ha sido muy tibia, desde el punto de vista político y mediático, y la están encabezando los sindicatos de trabajadores y algunos personajes desde fuera del propio Poder, organizando paros laborales, también inéditos en ese Poder, además de marchas como la del domingo pasado 22 de octubre, en casi 30 de las principales ciudades del país y algunas en el extranjero, donde miles de trabajadores del mismo Poder, acompañados de otros tantos ciudadanos que respaldan sus demandas, salieron a las principales plazas públicas.
A pesar de participar en la marcha del ministro Juan Luis González Alcantar Carranca y de algunos jueces y magistrados, es entendible el silencio de todos los ministros de la Corte y de Jueces y Magistrados, sobre todo de la materia administrativa, porque seguramente conocerán y tendrán que resolver los amparos y las acciones de inconstitucionalidad, y emitir cualquier opinión los descalificaría para participar en la determinación de aquellos, pero tampoco los convierte en juez y parte, como también se ha dicho.
Las oposiciones respaldan al Poder Judicial y a sus trabajadores con declaraciones y algunas conferencias de prensa, que han resultado absolutamente insuficientes. Teniendo esta, como muchas otras causas que defender, no tienen alguna estrategia clara, eficiente y contundente para contrarrestar los embates del oficialismo.
Por su parte, la narrativa del oficialismo de que están defendiendo privilegios, aunque no corresponda con la verdad, está ganando en el espacio mediático y en las redes, sobre todo con las personas menos informadas y que se dejan llevar fácilmente con la simpleza de algunos mensajes sin hacer mayor averiguación.
Tan solo la consigna de que están defendiendo privilegios de los ministros, cuando estos no participan en ninguno de los fideicomisos que se pretenden desaparecer, no han sido capaces de desvanecerlo con una estrategia mediática medianamente eficiente. Es un espacio, donde las instituciones atacadas y las oposiciones no han sabido, o no han podido competir consistentemente contra el oficialismo.
Como decimos, en términos jurídicos ya sabemos lo que sucederá y será motivo para seguir alimentando el discurso y los ataques del oficialismo hacia el Poder Judicial, como parte de su campaña, además de presionar y debilitar al propio Poder Judicial, de cara al proceso electoral en marcha, donde a través del Tribunal Electoral, el Poder Judicial tiene importantísimas responsabilidades.
El Poder Judicial, como un poder del Estado es un poder político y como tal tiene que actuar y en este caso, responder a la embestida y los ataques que está recibiendo. Esto no implica que deje de hacer su labor técnica jurídica de la defensa de la Constitución.
Aunque no lo ha tenido que hacer en el pasado, las circunstancias presentes lo obligan a hacerlo ahora, y tendrá que aprender rápidamente y sobre la marcha, pues no tiene ninguna oportunidad de alguna curva de aprendizaje.
Empezó bien la ministra Presidenta Norma Piña con un sustancioso mensaje este lunes 21 de octubre, agradeciendo a quienes participaron en las marchas y enfatizando el compromiso institucional del Poder que representa para con todas las personas y que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino parte de los derechos humanos de todas y todos.
La andanada contra el Poder Judicial continuara y más vale que lo sepan enfrentar porque seguramente llegara hasta las urnas el próximo año.
