DE LA GOBERNADORA LIBIA Y DE UN ACUERDO TRASCENDENTE

JOSE CARLOS GUERRA AGUILERA

1.- El 3 de febrero de 2021, la comisión de GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, del Congreso del Estado de Guanajuato, emitió un acuerdo, para el suscrito, histórico, en el que se indicó:

“Único. No se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativos al Poder Judicial de la Federación, que remitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.”

2.- Dentro de lo que ahora conozco, destaco lo siguiente:

 “Por ello, consideramos que la reforma no se analizó con el debido escrutinio y diligencia, pues el propio relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, envió el 30 de noviembre una comunicación urgente al Gobierno mexicano, en la que recomendó garantizar la máxima difusión y debate oficial con la sociedad civil, incluyendo las organizaciones de magistrados y jueces, sobre el sentido de una reforma judicial y adecuar la legislación conforme a los principios y garantías internacionales en materia de independencia judicial, pues consideró que aun cuando las iniciativas de reforma fortalecen en parte la administración de justicia, presentan potenciales inconsistencias frente a estándares internacionales sobre independencia judicial.

De igual forma, no podemos omitir el hecho de que el Índice Global de Impunidad 2020 advierte que existe una necesidad estructural para mejorar las capacidades de impartición de justicia en nuestro país. En ese sentido, se debió pugnar por una reforma congruente en la lucha contra la injusticia y la impunidad. Debió ser, de igual forma, el resultado de los esfuerzos conjuntos de los tres poderes de la Federación, Judicial, Ejecutivo y Legislativo, para atender el reclamo de justicia de la sociedad mexicana, situación que no fue de esta manera, pues la minuta que se nos presenta como parte del Constituyente Permanente no contiene esas propuestas que al final fortalecerían la iniciativa de donde derivó la misma.

Por ello, quienes dictaminamos esperamos siempre que toda reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea para el caso que nos ocupa, no solo la transformación del Poder Judicial Federal, sino de todas las instituciones del Estado y los operadores jurídicos, sin embargo, con lo propuesto, no se cumple con esos estándares.

Los y las legisladoras de Guanajuato queremos ver un Poder Judicial de la Federación fuerte, una Corte, cuyas resoluciones irradiaran con mayor prontitud en la vida de las personas, con servidores públicos preparados acordes a una sociedad que aspira a tener una vida con ejercicio pleno de sus derechos. Esta minuta proyecto de decreto, no contiene una reforma integral, que transforme de fondo al Poder Judicial de la Federación, en beneficio de una sociedad más justa, por ello no coincidimos en los términos propuestos.

Las diputadas y los diputados que hoy dictaminamos consideramos que con esta reforma planteada no se fortalece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tribunal constitucional, cuya finalidad es contar con un Tribunal Constitucional que asegure la supremacía de la Ley Fundamental; que impida que los poderes constituidos rebasen la competencia y atribuciones que expresamente les señala la propia Constitución, y se materialice la protección real de los derechos humanos.

Por lo antes expuesto y derivado del análisis de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al Poder Judicial de la Federación, que remitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales consideramos que no es procedente la reforma constitucional en los términos propuestos, (…)”

3.- Hace años, critiqué y sigo criticando, que la Legislatura del Estado de Guanajuato fue la única que, a nivel nacional, que no aprobó la creación de los Derechos Humanos en la Constitución Federal.

4.- Esta vez aplaudo el disentimiento referido al principio, reconozco los argumentos, y sobre todo que debió atenderse a la carta del relator especial Diego Garcia-Sayán, hizo en noviembre de 2020, sobre la necesaria independencia de los magistrados.

(https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25727)

5.- Destaco que la entonces diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo, haya encabezado la citada Comisión de GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, misma que fue designada como Secretaria de Gobierno del Estado y hoy es la Gobernadora Electa. En vísperas de los nombramientos de su gabinete estatal, espero que se rodee de personas conocedoras, quizás que no sean del Partido de Acción Nacional, de la sociedad civil que consoliden lo jurídico estadual; y también ojalá el Congreso Estadual nombre a un Procurador de Derechos Humanos fuerte, trabajador, que sea independiente.

23 de junio de 2024.