Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Observatorio Ciudadano
Alfredo Sainez*
Los municipios son la célula básica por excelencia de la sociedad, lo más cercano a la gente, base territorial de la organización política y administrativa que tienen los estados de la República, que cuentan con libertad hacendaria, presupuestaria y potestad reglamentaria; sin embargo, constituyen el eslabón más débil entre los órdenes de gobiernos a cargo de la función de seguridad pública, fundamentalmente, sea porque no tienen recursos humanos, materiales (equipamiento y armamento) y financieros suficientes para hacerle frente a la delincuencia organizada, o bien, son “capturados” y reclutados por algún “Cartel”; así lo pone en evidencia la “Operación Enjambre”, que integra una estrategia de seguridad implementada por Omar García Harfuch en algunos municipios del Estado de México, el pasado 22 de noviembre, que tuvo como propósito desarticular las redes criminales, particularmente de “La Familia Michoacana”, desmantelando las protecciones policiales de las autoridades municipales que tenían. El aprendizaje de estas experiencias, resultan oportunas para reflexionar en los acuerdos, alcances y retos que tiene la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a celebrarse hoy en el Salón de Usos Múltiplés del Congreso del Estado de Guanajuato.
Por el momento, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre (septiembre) de 2024 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de manera general, nos indica que el 58.6 % de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. En este rubro, entre los municipios que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro, destacan: Tapachula, con 91.9 %; Naucalpan de Juárez, con 88 %; Fresnillo, con 87.9 %; Ecatepec de Morelos, con 87 %, Irapuato con 86.4 % y Tuxtla Gutiérrez, con 85.9 %. En suma, en promedio 9 de cada 10 personas en estos municipios consideraron que vivir en su ciudad es inseguro.
El problema de la inseguridad pública no es exclusivo de un municipio, entidad federativa o del gobierno federal, razón demás para diseñar y construir prospectivamente una política de Estado debido a que la seguridad pública es una materia concurrente para los tres órdenes de gobierno, más aún para los municipios, que la tienen asignada como función y servicio público, respectivamente, señalada en los artículos 21 y 115 constitucionales.
En este contexto, resulta adecuado reflexionar sobre un problema multicausal y complejo, la inseguridad pública, que desde hace por lo menos dos décadas se ha superpuesto a otros problemas que subyacen en la agenda política.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Guanajuato instituyó la figura de Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia como un mecanismo de vinculación entre los poderes legislativo y ejecutivo con los ayuntamientos y está conformada por quienes integran la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, y los presidentes municipales de los ayuntamientos −sin menoscabo de invitar a la titular del Poder Ejecutivo, autoridades federales y organismos autónomos en la materia−, entre las funciones que tiene la Convención se enfatiza la elaboración de propuestas; intercambiar información, compilar y en su caso, elaborar estudios e investigaciones y mantener vínculos e intercambio con entidades nacionales e internacionales en materia de seguridad pública y prevención social de la violencia y la delincuencia.
Presumiblemente, en la Convención se dará a conocer el programa de trabajo diseñado con un enfoque integral buscando garantizar un entorno más seguro y cohesionado para la construcción de la seguridad y la paz desde el marco normativo.
Sin duda, la formulación, implementación, ejecución y supervisión de las políticas públicas son esenciales para garantizar su eficacia y eficiencia; la seguridad pública, no es la excepción. Fundamentalmente, porque debe vincularse en el tablero político con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para evitar su “captura” por la delincuencia organizada.
Hacemos votos porque así sea.
Alfredo Sainez
*Doctorado en Pedagogía por el Colegio de Estudios de Postgrado del Bajío (CEPOB); Maestría en Innovación y Gestión Pedagógica por el CEPOB; Maestría en Administración Pública por el INAP-México; Maestría en Derecho Parlamentario por la Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO); Especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la BUO; Máster en Los Retos del Constitucionalismo en el Siglo XXI en la Universidad de Barcelona; Asesor Experto en Conocimiento, Ciencia y Ciudadanía en la Sociedad de la Información en el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona; Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Catedrático de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Correo electrónico: alfredosainez@gmail.com