Comisión de Gobernación se pronuncia a favor de no más pensiones doradas en el sector público

Diputado Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Gobernación.

Diputado Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Gobernación.

Guanajuato, Gto., 21 de abril de 2026.- A 10 días de que entró en vigor la reforma constitucional para eliminar las llamadas pensiones y jubilaciones doradas en el servicio público de los tres niveles de gobierno, la Comisión de Gobernación del Congreso de Guanajuato aprobó por unanimidad este martes la minuta proyecto de decreto que al respecto emitió el 25 de marzo el Congreso de la Unión a las legislaturas locales.

Antes de someter a votación su proyecto de dictamen, el diputado presidente de la Comisión, Juan Carlos Romero Hicks, hizo severa crítica a que en un lapso de tan solo 12 horas las cámaras de Senadores y de Diputados, así como las legislaturas con mayoría de militantes de Morena, hayan aprobado esa reforma al artículo 127 constitucional.

“Tenemos, y esta es una opinión de quien habla, una pésima, mala costumbre de tener una carrera, sin deliberación, para estar solamente levantando la mano, sí o no, y por eso hicimos una propuesta de que el Constituyente Permanente pueda tener una reformulación en su diseño institucional”.

Para nadie son desconocidas las cuantiosas jubilaciones y pensiones que mensualmente reciben magistrados en retiro, así exfuncionarios y personal de confianza de empresas paraestatales o descentralizadas, como Pemex y Comisión Federal de Electricidad.

“No es común en un país poner límite a jubilaciones en una Constitución, no es un tema constitucional, sin embargo, hay excesos y hay que corregirlos. Nuestra propuesta, ahí están las consideraciones del dictamen, es acompañar en sentido positivo”.

No habrá más excesos ni privilegios para unos cuantos en las pensiones y jubilaciones, subrayó la diputada María Eugenia García Oliveros, de Morena.

“Por muchos años hubo varios casos de excesos y privilegios, pensiones del sector público muy altas, pagadas con dinero del pueblo, muy encima de lo que recibe la mayoría. Esta situación quedará atrás, porque ahora las jubilaciones no podrán ser mayores a la mitad del salario de la presidencia de México. Con esta reforma se ha dado un paso en la equidad y evitamos los excesos desde el poder público, y además fortalecemos el principio de austeridad”.

A nivel país, esta reforma afectará a unas 93 mil personas jubiladas y pensionadas, según apreciaciones de la Alianza Nacional de Jubilados.

 

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