Catalogar como delito el uso de drones y videovilancia con fines delincuenciales, propone el diputado Alejandro Arias Ávila

Guanajuato, Gto., 20 de febrero de 2025.- Mediante una iniciativa de adición al artículo 22 del Código penal del estado de Guanajuato, el diputado priista Alejandro Arias Ávila propuso incorporarle como delito contra la seguridad pública y castigar hasta con 10 años de cárcel el uso indebido de información obtenida a través de drones o artefactos controlados a distancia, así como de sistemas fijos de videograbación con fines delincuenciales.

“Los grupos de delincuencia, están usando artefactos controlados a distancia, denominados drones, cuadricópteros o cualquier otro similar, con el fin de fotografiar, grabar en audio y video; vigilar las actividades de particulares para reportar sus características o ubicación, así como planear y ejecutar daños y agresiones en su contra, de su familia o de sus empleados”.

Subrayó que los drones, o vehículos aéreos no tripulados, tienen alta popularidad y pueden comprarse muy fácilmente.

“Su desarrollo y producción en masa está satisfaciendo a muchos tipos de clientes, desde el uso militar, policial, industrial, académico y recreativo, que tienen funciones muy avanzadas y capacidades de vuelo automático, requiriéndose mucho menos habilidades especiales para operarlos; mecanismos de videograbación que en tan solo 23 minutos puede tomar cientos de fotografías a baja altura en una muy alta resolución que permite apreciar detalles de lo observado, cuya capacidad de carga en la actualidad es de hasta cien kilogramos”.

Además se ha detectado –dijo,  que la delincuencia tiene en algunas ciudades sus propios equipos de videograbación fija para los mismos fines, así como para vigilar a las autoridades y a la ciudadanía y monitorear el control de sus zonas de influencia, para enterarse en tiempo real de la posible invasión de grupos criminales contrarios a lo que consideran sus espacios.

“También somos testigos de eventos dados a conocer como: “Descubren red de vigilancia ilegal en Celaya con al menos mil 400 cámaras en postes de teléfonos, de la Comisión Federal de Electricidad, en árboles y hasta en ramas de árboles, que no pertenecen al C4”. De esto se concluye que tanto los sistemas de control remoto como los fijos de videovigilancia o grabación, están siendo aprovechados por los delincuentes para fines de la comisión de diversos delitos, por lo que esto debe ser sancionado por la ley penal en nuestra entidad”.

El diputado Alejandro Arias propone imponer de tres a 10 años de cárcel a quienes incurran en esos delitos, lo cual aumentará cuando se vigile a personas servidoras públicas, instalaciones de instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia o ejecución de sanciones penales.