Aprueba la Cámara de Diputados el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

* Robustece, unifica y agiliza el sistema de impartición de justicia

CDMX 24 de abril de 2023.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para homologar los procedimientos a nivel nacional, priorizando la oralidad y el efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita, garantizando el apego a los derechos humanos.

Una vez entrado en vigor, será de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, cuya finalidad es establecer la regulación procesal civil y familiar, con base en los derechos humanos previstos en la Constitución Política y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

El documento, enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, consta de mil 191 artículos divididos en 10 libros, 43 capítulos y 81 secciones, con un total de 20 artículos transitorios previstos para su implementación.

El dictamen precisa que el sistema de impartición de justicia en materias civil y familiar será adversarial, democrático y oral; contempla y regula las acciones colectivas para la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, mismas que serán ejercidas ante los órganos jurisdiccionales de la Federación en el ámbito federal y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.

Considera que todos los procedimientos judiciales y los trámites que los integran, del orden civil y familiar, podrán tramitarse en línea y, en su caso, celebrarse todas o algunas audiencias a distancia, presentarse promociones y emitirse resoluciones electrónicas, así como autenticarse las mismas con firma electrónica certificada.

Menciona que la finalidad es la transición de una diversidad de legislaciones procesales hacia la instauración de un modelo único, prioriza la resolución del fondo del conflicto por encima de las formalidades procesales, contempla el enfoque social y aprovecha las herramientas tecnológicas como medio para mejorar la accesibilidad a la justicia.

Además, señala que el uso auxiliar de la justicia alternativa permitirá reducir la saturación de los sistemas de impartición de justicia en el ámbito local y cumplir con el deber estatal de resolver las controversias que se originen entre los particulares.

Se puede convertir en un verdadero instrumento de pacificación

En la fundamentación, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), señaló que este es el avance jurídico legislativo más importante de los últimos años; el nuevo Código es la legislación más importante en materia jurídica desde la reforma penal de 2008, pero ésta es de mucho mayor calado.

Indicó que se habla en el país de acerca de un millón 500 mil litigios; de esa cifra, el 64 por ciento es de la materia civil y familiar. “Hablamos de problemas cotidianos y de todos los días. Lo que aprobamos son las nuevas reglas de los juicios y las implicaciones que esto tiene en la sociedad. No podemos hablar de gobernabilidad y armonía social, si no hablamos de justicia”.

Este Código, afirmó, se puede convertir en un verdadero instrumento de pacificación social y avanzamos en una lucha histórica a favor de las mujeres. Con él se puede dar en meses un proceso de adopción; agrega el concepto de juicios sumarios orales, para que los consejos de la Judicatura y los poderes judiciales en los estados decidan cuáles de estos procesos civiles se podrán dirimir en menos de 30 días y de manera oral, y avanza de la parte escrita a la totalidad de la oralidad de los juicios, a la digitalización de los juicios. En este nuevo Código se logra la agilización.

Dijo que este proceso no acaba aquí, pues para que el Código entre en vigencia pasarán 4 años, 4 años de vacatio legis. “Yo los exhorto a que este producto ya terminado se pueda socializar en los estados, en las legislaturas, con los tribunales superiores de justicia, a fin garantizar el acceso a la justicia para las y los mexicanos y, sobre todo, de quien más lo necesita”.