Aprueba Cámara de Diputados reforma para incorporar gratuitamente al IMSS-Bienestar a personas con discapacidad
Cámara de Diputados
CDMX 29 de abril de 2026.- Por unanimidad de votos, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para su incorporación al sistema IMSS-Bienestar, el acceso a una vivienda adecuada y la entrega obligatoria de pensiones no contributivas.
El dictamen establece que la Secretaría de Salud promoverá el derecho de estas personas a gozar del más alto nivel posible de salud, enfocado a su rehabilitación y habilitación de quienes viven con discapacidad permanente, y dará prioridad a menores de 18 años.
También, atenderá sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, incorporará de forma gratuita al IMSS-Bienestar a toda persona con discapacidad que así lo requiera.
Precisa que tendrán derecho a una vivienda adecuada. La Secretaría de Bienestar hará entrega de la pensión no contributiva por discapacidad permanente a toda persona menor de 75 años, conforme a los ordenamientos legales correspondientes.
Además, se sustituye el concepto de Secretaría de Desarrollo Social por Secretaría de Bienestar.
El documento, canalizado al Senado para sus efectos constitucionales, menciona que se incorporan mecanismos concretos para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, que constituyen un avance sustantivo en la materialización del principio de justicia social.
Considera importante garantizar el acceso efectivo de las personas con discapacidad al ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la Constitución Política, mediante la armonización de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con las recientes reformas al artículo 4° constitucional.
La armonización resulta indispensable para dotar de certeza jurídica y carácter exigible a los programas sociales orientados a este sector de la población, permitiendo su consolidación como derechos establecidos por el Estado mexicano.
Asimismo, es fundamental fortalecer el marco jurídico que faculte a las instituciones públicas a operar conforme a los principios de inclusión, accesibilidad, equidad y no discriminación, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en la materia.
