Acuerdo por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad
Observatorio Ciudadano
Alfredo Sainez*
La teoría darwiniana sostiene que la vida surgió en charcas tibias de poca profundidad; sin embargo, científicos del University College de Londres la han refutado debido a que han creado protocélulas en agua de mar caliente y alcalina. Sea como sea, ambas posturas coinciden en que el agua es el principio de la vida y, consecuentemente, sin agua no hay vida; de tal forma, que se ha mantenido la “sospecha” de hubo o existe vida en otros planetas −como el Planeta Marte− por las múltiples exploraciones espaciales que han descubierto la existencia de agua en sus polos norte y sur, transformando el paradigma del conocimiento místico por el conocimiento científico. Más allá de estas vicisitudes científicas, lo alarmante es cómo en el devenir de la evolución, crecimiento y desarrollo de las sociedades posindustriales en el mundo se ha erosionado el medio ambiente y provocado el llamado “cambio climático”, que se ve reflejado en la escasez del agua y que, como problema, invita a propios y extraños a reflexionar seriamente en revertir y dar solución de manera sustentable a este problema y garantizar el agua como un derecho humano; así lo confirma, el Acuerdo por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, suscrito esta semana por diversos actores sociales, educativos, empresariales y autoridades gubernamentales encabezadas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
A partir de la transición de garantías individuales a derechos humanos como consecuencia de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 prevalece el control de convencionalidad, que armoniza el marco constitucional mexicano con el derecho internacional de los derechos humanos, el cual se sintetiza en el artículo 1º de la Constitución federal con el reconocimiento de todas las personas a gozar de los derechos humanos establecidos tanto en la Ley fundamental como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Sobre esta cimiente jurídica y amplitud del catálogo de los derechos humanos, con una adición al artículo 4º constitucional, en febrero de 2012, se constitucionalizó el derecho al agua no solo como un recurso económico básico sino esencial y garante para el logro de otros derechos humanos como a la vida digna y salud. Pero ¿cómo se pueden garantizar y hacer posibles estos derechos fundamentales?
A doce años de distancia de haber entrado en vigor este precepto constitucional, que signa que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, resultan relevantes y oportunos los 10 compromisos que integran El Acuerdo por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad que, a la letra dice:
- Garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente.
- Eficientar el uso del agua en los procesos productivos de las actividades industriales, agrícolas y pecuarias.
- Garantizar que todos los niveles de gobierno se comprometan a invertir de manera conjunta en materia de infraestructura. Estos proyectos se financiarán a través de programas federalizados como: PRODEP, PROSANEAR y PROAGUA.
- Colaborar entre el sector público, privado y social para realizar acciones regionales para mejorar entornos locales en materia de agua.
- Realizar una gestión eficaz, ordenada y sustentable en materia de concesiones
- Impulsar un programa de digitalización y simplificación de trámites para mayor transparencia y cero corrupción.
- Impulsar la innovación tecnológica para el tratamiento, reuso y potabilización del agua.
- Llevar a cabo medidas de mitigación frente al cambio climático.
- Evitar la contaminación de cuencas, ríos y mares, y contribuir para su restauración y saneamiento.
- Implementar una campaña permanente para el ahorro y uso de agua
Sin duda, habrá qué pensar ya no en el qué sino en el cómo y qué acciones emprender o construir de manera conjunta con la sociedad e iniciativa privada en los tres órdenes de gobierno para el logro de estos 10 compromisos antes de que el destino nos alcance y evitar en un futuro inmediato la “guerra por el agua”.
Por lo pronto, en esta coyuntura económica amenazante que ha lanzado Donald Trump de aumentar los aranceles generalizados hasta que se detenga el flujo de drogas y migrantes, cabe preguntar: ¿cuánto se va a presupuestar en el ejercicio fiscal de 2025 para logro de estos compromisos?
Hagan sus apuestas.
Alfredo Sainez
*Doctorado en Pedagogía por el Colegio de Estudios de Postgrado del Bajío (CEPOB); Maestría en Innovación y Gestión Pedagógica por el CEPOB; Maestría en Administración Pública por el INAP-México; Maestría en Derecho Parlamentario por la Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO); Especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la BUO; Máster en Los Retos del Constitucionalismo en el Siglo XXI en la Universidad de Barcelona; Asesor Experto en Conocimiento, Ciencia y Ciudadanía en la Sociedad de la Información en el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona; Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Catedrático de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Correo electrónico: alfredosainez@gmail.com
