A 35 años de la “concertacesión” y gobierno del PAN en Guanajuato

Observatorio Ciudadano

Alfredo Sainez*

En la antesala de la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Canadá y México, se llevaron a cabo elecciones en el estado de Guanajuato para elegir gobernador, el 18 de agosto de 1991; como consecuencia de los resultados de estos comicios, el pueblo guanajuatense vivió un fraude electoral, que con el nombramiento oficial como gobernador interino de Carlos Medina Plascencia que hizo el Congreso del Estado de Guanajuato, la madrugada del 30 de agosto de 1991, derivó en una encrucijada política y jurídica al tener tres gobernadores: uno constitucional, Rafael Corrales Ayala; otro electo, Ramón Aguirre Velázquez −que no tomaría posesión de su cargo−; y el primer gobernador interino, Carlos Medina Plascencia, producto de una “concertacesión”, neologismo que combina “concertación” y “concesión” mediante el cual el gobierno de Carlos Salinas de Gortari resolvería extrajudicialmente conflictos poselectorales, cediendo gubernaturas a fuerzas políticas −que compartían el mismo proyecto de nación−. Muestra de ello, fueron las elecciones locales del 2 de julio de 1989, en donde se reconoció el triunfo del Partido Acción Nacional, quien postuló a Ernesto Ruffo Appel a la gubernatura de Baja California; en contraste, negó el triunfo al Partido de la Revolución Democrática en la mayoría de las diputaciones del Congreso del Estado de Michoacán; de manera tal, que se aludió a una “democracia selectiva”.

En la administración salinista iniciaron los triunfos del Partido Acción Nacional en las gubernaturas: Ernesto Ruffo Appel en Baja California en 1989 y con el gobierno interino de Carlos Medina Plascencia en el estado de Guanajuato en 1991, sin reconocer fraudes electorales formalmente con el propósito de dar una imagen de “democracia” hacia el exterior; sin “empacho” y reparo de haber quebrantado la legitimidad y legalidad con la llamada “concertacesión” hace 35 años. En este tenor, cabe preguntar: ¿se debe reivindicar la legitimidad y legalidad?

Sin duda, la legitimidad y legalidad son los fundamentos de todo poder político que se caracterizan por la titularidad de quien lo ejerce de acuerdo con las facultades, atribuciones o competencias que el ordenamiento jurídico le confiere.

Desde hace tres décadas y media, el panismo guanajuatense se ha enquistado en el poder político: en 1991 con un gobierno dividido, no unificado, al tener el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) la mayoría absoluta (50 % + 1) en el Congreso del Estado de Guanajuato; circunstancia que propició el primer gobierno de coalición estatal al integrarse como secretario de gobierno, Salvador Rocha Díaz, de extracción priísta, al gabinete de la Administración Pública de Carlos Medina; coalición de gobierno (PRIAN) del estado de Guanajuato que sería yuxtapuesto al PRI, que detentaba la presidencia de la República, encabezada por Carlos Salinas de Gortari. A partir de entonces, la mayoría de los gobiernos en el estado de Guanajuato han sido gobiernos unificados, es decir, en donde el PAN tiene el control de los poderes ejecutivo y legislativo, que lo caracterizan como un partido predominante, según la tipología sartoriana.

Actualmente, en la 66 legislatura, el grupo parlamentario del PAN ha tenido escisiones al pasar de 16 a 15 curules de un total de 36 diputaciones que integran el Congreso estatal. Sin mayoría absoluta en el Congreso guanajuatense, el partido de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz-Ledo se ha visto obligado a construir coaliciones legislativas con otros grupos y representaciones parlamentarias para aprobar reformas a leyes secundarias y reglamentarias; más aún, para promover y aprobar adiciones o reformas constitucionales que demandan el 70 % de la totalidad del Pleno de esta asamblea legislativa y, además, sean aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos, a saber por 24 municipios de 46, según el artículo 145 de la Constitución local que establece las “reglas del juego” de este procedimiento.

En suma, de continuar las rupturas o escisiones dentro del PAN en el estado de Guanajuato se perfila una tendencia electoral a la baja del blanquiazul, que proyecta rumbo a las elecciones de 2027 un retorno al origen: un escenario de gobierno dividido, no unificado, en donde la oposición tendría la mayoría absoluta en el Congreso del Estado, obligando al partido político de la gobernadora a construir coaliciones legislativas y, consecuentemente, a consensuar para formular, implementar, ejecutar y supervisar políticas públicas y, presumiblemente, construir un gobierno de coalición, de manera similar al primer gobierno interino de hace 35 años, que reivindique la legalidad y legitimidad del pueblo de Guanajuato.

Al tiempo… Hagan sus apuestas.

Alfredo Sainez

Politólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro y doctor en Pedagogía con mención honorífica. Cuenta con un Postdoctorado en Inteligencia Artificial para la Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP-México) y estudios de posgrado: Máster en Los Retos del Constitucionalismo en el Siglo XXI por la Universidad de Barcelona; Asesor Experto en Conocimiento, Ciencia y Ciudadanía en la Sociedad de la Información por el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona; Especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO); Maestría en Derecho Parlamentario por la BUO; Maestría en Administración Pública (INAP-México); y Maestría en Innovación y Gestión Pedagógica por el Colegio de Estudios de Posgrado del Bajío (CEPOB). Correo electrónico:

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