De complicidad e impunidad fue el trabajo de Javier Pérez al frente de la ASEG, afirma el diputado Ernesto Millán
Guanajuato, Gto., 5 de agosto de 2024.- Tras afirmar que el trabajo de Javier Pérez Salazar al frente de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) fue de complicidad e impunidad para solapar irregularidades de los gobiernos panistas, el diputado Ernesto Millán Soberanes advirtió que esas acciones no deben ser olvidadas.
Asimismo, recordó que en junio de 2022 la bancada de Morena propuso al pleno del congreso la remoción de Pérez Salazar.
“Pues desde entonces se actualizaban algunas de las causas graves que establece la Constitución para la remoción del auditor suprior y que pueden sintetizarse en parcialidad, omisión y complicidad. En su momento señalamos que en diversas auditorías Pérez Salazar incumplió con su obligación de determinar los daños y perjuicios, de promover el fincamiento de sanciones en los casos que establece la ley”.
Agregó que también ha incurrido en imparcialidad en los casos de denuncias por supuestas irregularidades, como el beneficiar con programas sociales a cientos de funcionarias públicas que legalmente no tienen derecho a ellos
“De igual forma, nos quedamos esperando los procedimientos de auditoría que realizó en la cuenta pública, donde supuestamente revisó el préstamo ilegal de 230 millones de pesos que el gobierno del estado desvió hacia el grupo Pachuca. En ese caso, una vez más la labor de Pérez Salazar fue complicidad, antes que la auténtica fiscalización.
A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Millán Soberanes celebró la renuncia del auditor superior del estado.
“Sin embargo, estaremos atentos para que su separación del cargo no sea simplemente un trámite, o un paso más, para colocarlo en algún otro organismo autónomo o del poder público, tal como sucedió recientemente con el tristemente célebre López Mares o con Vicente Esqueda”.
Adelantó que su bancada impulsará el nombramiento de una persona con capacidad e independencia en la auditoría superior, para afrontar los retos en el combate a la corrupción en el estado.
