El presidente de la república utiliza el aparato del estado contra una mujer periodista
* La acusación contra María Amparo Casar, de cobrar 31 millones de pesos como pensión de PEMEX tras la muerte de su esposo, hace 20 años, no se justifica moral ni legalmente
* En lugar de que Octavio Romero, director general de PEMEX, optara por alternativas económicas para evitar mayor endeudamiento de la empresa, se le ocurrió plantear ante la
Fiscalía General una demanda a todas luces improcedente
FACETAS DE MÉXICO
Pascacio Taboada Cortina/Jorge Martínez Cedillo
El Presidente Andrés Manuel López Obrador da muestras claras de ser un “charlatán y machista”. Se ha ganado fama de que, mucho de lo que dice y habla, es producto de su vocación de dirigente social, pero, en la mayoría de sus conferencias “mañaneras” lo que más difunde son falsedades y expresiones de enfrentamiento con sus “adversarios”.
Uno de los últimos temas que dio prioridad López Obrador, entre el 11 y 14 de mayo, con gran despliegue de calificativos ofensivos contra la periodista y escritora María Amparo Casar, fue el hallazgo en archivos de hace veinte años, descubiertos por el actual director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, que dan fe de un supuesto fraude cometido por la señora Casar, con motivo de la muerte de su esposo, Carlos Márquez, en 2004, sin que se hubiera determinado si su deceso fue en cumplimiento de su trabajo, por accidente o por suicidio.
Para nadie es secreto que se trata de una venganza del presidente de la República contra la investigadora Casar, autora del libro de reciente circulación.” El punto sobre las íes” El legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó. En este libro, María Amparo Casar evidencia cada una de esas vilezas, exhibe las características que definen a López Obrador: ineptitud, traición, impunidad, cinismo, incongruencia, ilegalidad, desinformación, entre muchas más.
En opinión del presidente y del director de Pemex, la causa fundamental del deceso fue suicidio, pues el señor Márquez, empleado y asesor de la Dirección de Administración de Pemex, falleció al caer desde el piso 12 de una de las Torres de Pemex, de la Ciudad de México.
De inmediato el muy alto funcionario de la empresa más importante del país, comunicó los hechos al señor Presidente de la República, quien determinó que el señor Márquez no murió por un accidente de trabajo, sino que se suicidó, de manera que “no merecía indemnizar a su familia, con 125 mil pesos mensuales y tampoco el cobro del seguro de vida del desaparecido”.
Así, desde el mes de febrero de este año, el mandatario dio instrucciones al ingeniero agrónomo de profesión, Octavio Romero, de aplicar toda la Ley de que el Estado es capaz para, primero, suspender el pago de la pensión mensual, no sin antes exigir la apertura de un juicio ante la Fiscalía General de la República, para que la señora María Amparo Casar reintegrara al gobierno federal los 31 millones de pesos, cobrados a razón de 125 mil pesos mensuales, desde hace 20 años.
Por su parte, la Fiscalía General de la República inició proceso de apertura de una carpeta de investigación a la señora María Amparo Casar, quien funge como presidenta de la organización “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”; la investigación vincula también a sus hijos Fernanda y Carlos.
Hay razones que son obvias. Si partimos de que el señor Márquez se encontraba en el piso 12 de la torre señalada, dentro de su horario de labores, donde se localizaban al menos su jefe, funcionarios del área correspondiente y secretarias, alguien debe haber sido testigo, sobre todo cuando se trata de llegar al fondo de los acontecimientos.
En todo caso, los funcionarios que, dentro de la propia empresa, son responsables de dar seguimiento a un proceso de esta naturaleza, deben haberlo constatado, a menos que el agrónomo haya sustraído documentos clave, capaces de robustecer sus acusaciones.
En otro orden, hay que señalar que, cuando una empresa del tamaño de PEMEX, contrata seguros con empresas privadas para su personal; si alguien fallece, la Aseguradora cubre la tarifa correspondiente. Para que pueda cubrir el seguro, lo importante es que la persona asegurada haya fallecido, sin mayor averiguación que el acta de defunción.
Por otra parte, estimados lectores, dígannos cuándo un Presidente de la República y un director de una empresa del tamaño de Pemex, reclama una irregularidad parecida al caso que nos ocupa, transcurridos 20 años.
El dicho es claro: “Lo que no fue en tu año, no fue en tu daño”. En calidad de mientras, un juez federal ordenó a Pemex reintegrar a la señora María Amparo Casar, los pagos de pensiones no cubiertos desde febrero pasado.
