Seguridad pública y nacional en el proceso electoral

Santiago López Acosta

A 30 años del asesinato del entonces candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta, estamos siendo testigos del sexenio más sangriento de la historia y el proceso electoral de 2024, el que, hasta estas alturas de las campañas, también el que más candidatos, aspirantes a las candidaturas y personajes relacionados con la política y las elecciones, han perdido la vida.

Sin bien es cierto que, la mayor parte de las víctimas han sido para cargos de elección popular locales, la momentánea detención de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum en la sierra chiapaneca de Motozintla, por un grupo de embozados, supuestamente de autodefensas, sin que su cuerpo de seguridad tuviera ninguna intervención, es un hecho muy grave y preocupante.

No se puede quedar en meras trivialidades, peor aún, en frivolidades, como lo hizo el presidente López Obrador y la propia candidata Sheinbaum, diciendo que fue un montaje del medio de comunicación Latinus, para afectar al gobierno y a su candidata. Versión que poco después fue desmentida, no solo por el propio medio, sino también por los aparentemente mismos participantes del retén, diciendo que ellos eran de verdad y no formaron parte de ningún montaje.

Se manejaron versiones de que en todo caso podría haber sido un montaje del propio oficialismo, por las preguntas obvias de cómo fue posible que la hayan detenido para hacerle peticiones diciéndole que ella llegará al poder y que se acuerde de esa sierra y sus habitantes cuando eso ocurra, sin que apareciera ningún de los miembros de sus cuerpos de seguridad y de la manera tan tranquila y serena como afronto el hecho la propia candidata, y tratar de sacar alguna ventaja política y electoral, entre otras.

No abordar el hecho como de suma gravedad, es no asumir la responsabilidad de la seguridad pública y de la seguridad nacional, del gobierno federal y del estado de Chiapas, en este caso, y tomar las medidas necesarias para evitar que no vuelva a ocurrir, con las candidaturas presidenciales y con el resto de las candidaturas, que son miles, por lo menos con aquellas que han sido amenazadas y que han solicitado protección. Tan solo en el estado de Guanajuato, más de 200 candidatos la han requerido.

Es inconcebible que, sin ningún control, en el periodo de mayor violencia que ha padecido nuestro país en por lo menos los últimos cien años, un grupo de embozados, diciendo que son autodefensas, otros señalan que son integrantes de algunos de los carteles, el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación, que se disputan violentamente el control de la región, puedan detener con la mayor facilidad, aparentemente contra su voluntad, a una candidata presidencial.

Afortunadamente no paso a mayores, pero las preguntas obvias surgen, ¿dónde estaba el equipo de seguridad de la candidata?, ¿dónde estaba la planeación y los protocolos preventivos para evitar cualquier percance?, sin no los hay, es muy grave, si lo están haciendo de manera improvisada y sin eficiencia, todavía más grave. Se hace necesario una exhaustiva investigación y una explicación, no solo para el equipo de la candidata, sino para la sociedad en general.

Ya son decenas de candidatos asesinados, preponderantemente para cargos de elección locales, pero otro magnicidio como el de 1994 de un candidato presidencial, o su secuestro, provocaría una crisis de enormes proporciones.

Si esto le ocurrió a la candidata del oficialismo, lo han minimizado y no se ve que hayan hecho nada para evitarlo, que hubiera pasado si se lo hacen a la candidata y candidato opositores, de lo primero que se especularía seria la probable intervención del propio gobierno, tanto federal, como del estado de Chiapas, en este caso, provocando la inestabilidad del proceso electoral, de los propios gobiernos y la celebración misma de las elecciones del próximo 2 de junio.

La demanda de seguridad publica sigue siendo la principal de la sociedad mexicana desde hace años, y se mantiene en el presente proceso eleccionario, y si no lo pueden hacer para tres candidatos presidenciales, que pueden esperar el resto de las candidaturas y la sociedad en su conjunto.

Es ampliamente conocido que los grupos de la delincuencia organizada que, en muchos casos, son uno y lo mismo con las denominadas autodefensas, han asesinado y tienen amenazados a no pocos candidatos en diferentes regiones del país, eliminando algunos y haciendo renunciar a otros muchos, sin que se note la presencia y vigencia del Estado, que garantice la seguridad pública y nacional, como es su obligación.

Lo más grave es la indolencia de la actitud gubernamental, frente a una delincuencia organizada que muestra mayor armamento, tecnología y capacidad logística, que en muchos casos superan a las policías estatales y municipales, y hasta el Ejército y la Guardia Nacional, que parece tienen indicaciones de no responder agresiones, de no perseguirlos y atacarlos.

La seguridad fue el primigenio propósito y razón de ser del Estado, como la institución política por excelencia, para brindar protección a sus habitantes, que le otorgan recursos y facultades para ello. Si el Estado no puede o no quiere otorgar la seguridad necesaria a quienes aspiran a encabezar el Gobierno, que podemos esperar los inermes ciudadanos, frente a la proliferación de la delincuencia, la organizada y la común.

Viene la etapa más intensa de las campañas, ojalá y no, pero es muy probable que la violencia política se incremente, como tampoco la podemos descartar durante la jornada electoral. Esperemos que podamos votar en paz y con seguridad, y para eso el Estado está quedando a deber.