Universidad fracturada y en crisis

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Santiago López Acosta

La semana pasada se consumó el atropello más grande que se ha cometido contra la Universidad de Guanajuato en su historia, al menos desde que se obtuvo la autonomía en 1994, con la toma de protesta de la nueva Rectora General, Claudia Susana Gómez el 27 de septiembre en las instalaciones del antiguo hotel Guanajuato, ahora conocida como Zona UG, por la salida de la ciudad de Guanajuato hacia Dolores Hidalgo. Se concretó una decisión tomada mucho tiempo atrás, incluso antes de haberse lanzado la convocatoria para el proceso de selección de la Rectoría General en junio pasado, el cual fue toda una farsa, con un guion y un resultado previamente determinado.

Porque se realizó ahí y no en el Auditorio General, donde siempre se llevan a cabo los principales eventos universitarios, abierto a todos los miembros de la comunidad académica y a la sociedad en general, pues precisamente porque en esta ocasión no fue así. Se hizo en este lugar, sumamente resguardado y con protecciones adicionales, para que los estudiantes, que eventualmente protestarían, no pudieran acceder, ni por los cerros aledaños.

La razón de ser y justificación de existencia de cualquier Universidad son los estudiantes, principio y destino de todas las funciones y actividades universitarias, y para este evento fueron totalmente excluidos y deliberadamente evitado que nadie no considerado llegara a incomodar a la elite que gobierna la Universidad desde hace casi dos décadas.

En el pequeño salón de la Zona UG solo hubo lugar para incondicionales y algunos invitados, predominando la gran cantidad de personal de seguridad, denotando el tamaño del miedo que le tienen a la comunidad universitaria, principalmente hacia los estudiantes, que no los quieren ni ver, mucho menos escuchar. De lo más absurdo que se puede ver en un ámbito universitario.

Fiel a su estilo y dejando palpable su intención de Maximato, el Rector General saliente, Luis Felipe Guerrero Agripino, tuvo el discurso más largo y protagónico del evento, relegando a un plano secundario a su sucesora, Claudia Susana Gómez y hasta los representantes políticos.

Fueron notables las ausencias de amplios sectores y personajes importantes para la Universidad, destacando la de los tres rectores de campus que participaron de buena fe en el proceso de selección, la Dra. Teresita Rendon Huerta Barrera, el Dr. Carlos Hidalgo Valadez y el Dr. Armando Gallegos, de los Campus Guanajuato, León e Irapuato-Salamanca, respectivamente. Estos tres campus constituyen más del 90% de la comunidad y de todos los activos universitarios. Con estas exclusiones, solo queda la estructura burocrática central y el aparente control del Campus Celaya-Salvatierra y del Colegio del Nivel Medio Superior, que para los atenticos propósitos universitarios alcanza para muy poco.

Las oficinas de la Rectoría General en el edificio central de la Universidad están tomadas por estudiantes desde que se dio a conocer la decisión de la Junta Directiva, impidiendo a Guerrero Agripino el acceso en sus últimos días como Rector, y seguramente ahora a Claudia Susana Gómez, sin que nadie se digne, de las autoridades universitarias, a dialogar con ellos y buscar salida a sus legítimas demandas.

Aunque impugnado, parece concluido un proceso oprobioso para la Universidad, pero las fracturas están ahí y la crisis en la que se encuentra demanda urgente atención, con los rezagos y lastres que deja Agripino, en los temas de fondo, que el exrector oculto con el bochornoso acto de toma de las instalaciones del periódico Correo, más claramente visto ahora, como un distractor para que no se ventilaran públicamente los asuntos relevantes de la máxima Casa de Estudios de la entidad.

El Maximato de Agripino quiere dar visos de fortaleza, pero quien sabe si el solo manejo y control de los recursos desde los órganos centrales y el cascaron que eso representa sea suficiente, parecería que no, sobre todo por la lejanía que han tenido con la mayoría de los académicos, y sobre todo con los estudiantes.

Es indudable que la Universidad de Guanajuato demanda una revisión integral, desde su Ley Orgánica y toda la reglamentación y normatividad, después de casi dos décadas que se aprobó la autonomía, pasando por el modelo organizacional y operativo, que ha resultado muy cuestionable, donde las decisiones importantes, de todo tipo, se han concentrado en la Rectoría General y los órganos centralizados, dejando prácticamente nulo el margen de decisión y de maniobra a los Campus.

Se tendrían que revisar todos los procesos y mecanismos, no solo los de designación o elección de los órganos unipersonales, como lo exigen los estudiantes que se han manifestado recientemente, a partir de una gran convocatoria al interior de la Institución y luego con la sociedad, la principal universidad pública de Guanajuato lo exige y lo necesita.

La nueva Rectora General tiene enormes retos inmediatos que afrontar, primeramente, tratar de articular el deshilado tejido universitario, con los académicos, con las autoridades de los campus que se han marginado, destacadamente con los estudiantes, largamente olvidados. Desconozco que tenga esas habilidades y desplegar esa capacidad de convocatoria, ojalá que sí. Parafraseando a Max Weber, si la legitimidad no se tiene desde el origen, se puede alcanzar con los resultados.

Por otra parte, la sociedad en general, pero sobre todo la sociedad política, no se puede quedar como mero espectador de lo que ocurre en la Universidad, también se tiene que involucrar, empezando por el Congreso del Estado, recipiendario de la representación popular, generando iniciativas y espacios de análisis, discusión y debate sobre el futuro de la Universidad de Guanajuato. Es una crisis no se puede dejar de ver y atender.

 

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