Más de mil años de cárcel Edgar Francisco “N” por defraudar a 107 personas con la compra-venta de casas en León
El defraudador Edgar Francisco N fue sentenciado a más de mil años de prisión.
León, Gto., 3 de julio de 2026.- A un global de 1018 años y 4 meses de cárcel fue sentenciado Edgar Francisco “N” por haber defraudado a 107 personas con el pretexto de compra-venta de casas sobre las cuales no tenía ninguna facultad legal para hacerlo ni se encontraban en litigio alguno.
El fallo judicial también le impuso la reparación del daño material por una cantidad de 29 millones 923 mil 100 pesos por el daño material, junto con un pago de 3 millones 326 mil 490 pesos por concepto de daño moral y 148 mil 500 pesos por los perjuicios provocados.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato cataloga de histórica esta sentencia, ya que “hace justicia a 107 víctimas, quienes vieron vulnerado el patrimonio de toda su vida a causa de un fraude masivo en el municipio de León”.
Para cometer sus fraudes, Edgar Francisco “N” utilizó los anhelos de las personas, quienes confiaron en una oferta engañosa de supuestos remates bancarios promovidos, por el despacho jurídico Punto Legal.
La Fiscalía establece que su prioridad no solo fue comprobar la responsabilidad del imputado, sino visibilizar y defender el detrimento patrimonial que sufrió cada una de las familias, por lo que “con un sólido cúmulo de pruebas científicas y testimoniales, se demostró el impacto real que este engaño causó en la vida y estabilidad de los ciudadanos”.
Ese trabajo “se consolidó los días 26 y 30 de junio de 2026, cuando los tribunales dictaron dos sentencias condenatorias en contra de Édgar Francisco “N”, la primera de 438 años y 4 meses de prisión, y 580 años de la segunda, acumulando una penalidad histórica de 1,018 años y cuatro meses de prisión por el delito de fraude”.
Aunque la legislación penal del estado establece un límite máximo de compurgación de 80 años de cárcel, “el verdadero triunfo de esta resolución radica en la protección integral de los derechos de los ofendidos, logrando que el juez impusiera al sentenciado la obligación irrestricta de devolver cada peso obtenido ilícitamente”.
