Sentenciados tres sujetos que secuestraron a un hombre y atacaron a balazos a elementos de las FSPE
Irapuato, Gto., 16 de enero de 2026.- Guillermo de Jesús “N” fue sentenciado a 14 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos, privación de la libertad agravada y robo equiparado.
En el mismo juicio y caso, Jorge Miguel “N” e Ignacio “N” recibieron penas condenatorias de 12 años de cárcel cada uno por ser responsables de homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos y privación de la libertad agravada.
Como resultado de investigaciones realizadas por elementos de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, dependiente de La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se lograron esas sentencias.
Lo anterior, porque la madrugada del 4 de julio de 2025, alrededor de las 2:00 horas, los convictos, armados y a bordo de una camioneta, arribaron a un domicilio particular de la colonia Expo fresas, de donde privaron de la libertad a un hombre, a quien esposado subieron al vehículo.
Durante su huida por el bulevar Solidaridad, los detectaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes les marcaron el alto. Al hacer caso omiso, se inició una persecución que continuó por la carretera con rumbo a León.
A la altura de la comunidad de El Copal uno de los delincuentes disparó con un arma larga contra una patrulla, poniendo en grave riesgo la vida de los oficiales.
La persecución concluyó en la comunidad de Santa Teresa, en el municipio de Guanajuato, cuando los agresores perdieron el control de la camioneta y se impactaron contra la barda de un terreno baldío, siendo detenidos de inmediato por los policías estatales.
Al interior del vehículo fue localizado el hombre privado de la libertad, al que liberaron sano y a salvo. Además, se aseguraron armas largas, cargadores, municiones, cartuchos y equipo táctico, todos de uso exclusivo del Ejército, así como la camioneta, la cual contaba con reporte de robo.
Los detenidos fueron puestos a disposición del ministerio público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, quien los presentó ante un juez. Tras calificarse como legal la detención y acreditarse la responsabilidad penal, se impuso la prisión preventiva y se dictaron las sentencias correspondientes.
