Iniciativa del diputado Alejandro Arias para aumentar la pena por cobranza extrajudicial

Guanajuato, Gto., 27 de agosto de 2025.- Ante los graves daños que ocasiona la cobranza extrajudicial a personas que adquieren préstamos supuestamente fáciles de pagar, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI del congreso local, Alejandro Arias Ávila, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado con el fin de incrementar las penas de cárcel a quienes incurran en ese ilícito.

“Esta propuesta viene a dar continuidad a una iniciativa presentada en la legislatura anterior y por tanto considera las opiniones del Supremo Tribunal de Justicia, lo que esperamos pueda agilizar el proceso legislativo de la presente, para que abordemos lo más pronto posible este flagelo que aqueja a la sociedad guanajuatense”.

Señaló que es de sobra conocido el modo de operar de quienes hacen ese tipo de empréstitos, los que disfrazados de soluciones financieras rápidas y accesibles se convierten, en la práctica, en una trampa mortal para quienes en la búsqueda de aliviar una necesidad apremiante, caen en las garras de la usura, la extorsión y la violencia.

“La metodología es perversa, se ofrecen créditos con mínimos requisitos, generando una falsa sensación de facilidad, sin embargo, las tasas de interés exorbitantes, los plazos imposibles y las penalizaciones desmedidas hacen que la deuda crezca desmesuradamente, convirtiendo a los deudores en rehenes de un sistema que se alimenta de su desesperación.  Cuando la imposibilidad de pagar se hace evidente, es cuando la verdadera cara de esta práctica se revela, amenazas, intimidación, hostigamiento, violencia física”.

Además de elevar las penas, propone que las autoridades promuevan medidas para evitar que la ciudadanía caiga en las manos de esos delincuentes.

“Sabemos que el incremento de las penas no es, por sí solo, la solución definitiva, por ello abogamos que esta iniciativa también sirva de exhorto para que, con un enfoque integral, todas las autoridades apliquen en sus respectivas competencias, medidas de prevención, educación financiera, acceso a créditos justos y formales, y la persecución efectiva de los delincuentes”.

La iniciativa contempla que la sanción por el delito de cobranza extrajudicial ilícita, abarque de 3 a 6 años de cárcel y de 20 a 60 días multa, e incrementarla en dos tercios del mínimo y del máximo, cuando intervenga un servidor público, estableciéndose también, su destitución e inhabilitación.